Opositores mexicanos protestan contra reformas electorales de López Obrador

Ciudad de México, México/Miles de mexicanos protestarán este domingo contra las reformas electorales aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso, que según la oposición atentan contra la entidad encargada de organizar las elecciones presidenciales de 2024. 

Varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el llamado Frente Cívico Nacional convocaron a la manifestación en el Zócalo -principal plaza pública del país en Ciudad de México- y en otras urbes bajo el lema #MiVotoNoSeToca.

"¿A qué le tiene miedo? ¿A la ciudadanía? ¿A la democracia? ¿A elecciones libres y neutras?", señaló este domingo en Twitter Claudio X. González, uno de los convocantes, sobre las medidas de seguridad en la plaza, en uno de cuyos flancos está el palacio donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario izquierdista se hallaba este fin de semana de gira por el interior del país.

Los opositores rechazan modificaciones a leyes impulsadas por López Obrador y que fueron avaladas el miércoles pasado por el Legislativo, dominado por el oficialismo y sus aliados. 

Según el autónomo Instituto Nacional Electoral (INE), esos cambios eliminan 85% de su personal de carrera y reducen la capacidad operativa del organismo, al que López Obrador acusa de ser oneroso y de haber tolerado fraudes en el pasado. 

Menos facultades

El INE asegura que las reformas disminuyen su estructura territorial al eliminar 300 juntas distritales que tiene en todo el país y que son los órganos que preparan, organizan y celebran las elecciones. En cada estado habría ahora una oficina operada por una sola persona.  

Con estos cambios se afecta la actualización y depuración del padrón electoral (conformado por unos 93 millones de votantes), apuntó el ente en un análisis del articulado.

También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y se limita la capacidad para monitorear la propaganda electoral en radio y televisión, agrega.

Igualmente, la reforma acota las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña. 

"Piezas clave del diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano que ha permitido la renovación pacífica y periódica de los poderes a través del voto libre y secreto pueden correr el riesgo de verse lesionadas", subraya el instituto.

Los opositores aseveran que con estos cambios se afecta la independencia del INE y se inclina la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios presidenciales, previstos para mediados de 2024.

Apoyan "régimen corrupto"

López Obrador ha descalificado la protesta de este domingo, al señalar que detrás está un grupo de "corruptos" que quiere volver al poder para seguir robando. El presidente, cuya popularidad ronda 60%, defiende la reforma al asegurar que la organización de las elecciones en México es onerosa.

El mandatario, sin opciones legales para buscar la reelección, ha insinuado que quienes asisten a la protesta defienden también a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quien acaba de ser declarado culpable en una corte de Nueva York por narcotráfico. 

"Vienen a decir: 'El INE no se toca', pero también 'García Luna no se toca', y en el fondo es 'el régimen corrupto y conservador no se toca'. Para eso es", afirmó el gobernante en sus más recientes conferencias de prensa.

López Obrador denuncia que le "robaron" la presidencia en los comicios de 2006 y 2012.

Las modificaciones a las leyes electorales fueron avaladas luego de que en diciembre pasado fracasara una reforma constitucional en la que el oficialismo proponía eliminar al INE, al no alcanzar los votos necesarios.

Ese intento dio pie a una multitudinaria protesta el 13 de noviembre en Ciudad de México, a la que López Obrador respondió movilizando a decenas de miles de sus simpatizantes en la capital. 

Tanto el INE como los partidos de oposición anunciaron que demandarán el llamado "plan B" del gobierno ante la Suprema Corte de Justicia.