Las miradas fijas en compañía eléctrica como la posible causa del incendio en California

Aunque las investigaciones siguen hoy activas y no se ha determinado la causa del gigantesco y mortífero incendio que quema en California (EE.UU.), todas las miradas se centran en la principal compañía eléctrica de la zona, que detectó un "problema" justo antes de que declararse el fuego.

Pacific Gas & Electric (PG&E) reveló la semana pasada a los reguladores que halló un "problema" en una línea de alta tensión cercana al área donde se declaró el incendio solo unos minutos antes de que se iniciasen las llamas, pero por el momento no han trascendido más detalles.

De ser encontrada causante del fuego que se ha cobrado las vidas de por lo menos 63 personas y en el que más de 600 permanecen desaparecidas, de acuerdo con las últimas cifras, la empresa podría tener que abonar compensaciones multimillonarias que con toda probabilidad la dejarían en la quiebra.

La posibilidad de este escenario hizo que las acciones de la compañía se desplomasen durante los últimos días en la bolsa de Nueva York, lo que llevó al regulador público californiano a sugerir un hipotético rescate de la empresa para aliviar así los temores de los inversores.

"No sería bueno que las empresas proveedoras no pudiesen financiar los servicios e infraestructuras que necesita el estado de California", indicó en un comunicado emitido en las últimas horas el presidente de la Comisión de Servicios Públicos de California, Michael Picker.

"(Las compañías) deben gozar de estabilidad y apoyo financiero para disponer del dinero que necesitan en este momento", añadió el responsable, lo que fue leído en Wall Street como una garantía de rescate en caso de quiebra y revalorizó este viernes el valor de PG&E en la bolsa hasta un 40 %.

Pese a que la investigación todavía está abierta, un grupo de ciudadanos afectados por el bautizado como incendio "Camp Fire" ya ha demandado a la proveedora eléctrica, que con más de cinco millones de abonados es la mayor de California y la segunda más grande de EE.UU.

El condado de Butte, en el norte del estado, dio a conocer ayer una cifra provisional de 63 muertos por la conflagración que se declaró hace 8 días, alzándose en la más letal de la historia californiana.

Además, el número de personas desaparecidas se disparó hasta 631 con respecto a las 301 de las que se había informado tan solo unas horas antes, pero las propias autoridades explicaron que la situación sigue siendo caótica y que puede que haya individuos que hayan sido contados dos veces o que estén a salvo pero no se les haya podido contactar.

La mayoría de los desaparecidos residía en la población de Paradise, de 26.000 habitantes y que fue completamente engullida por las llamas.

La localidad se encuentra en la falda de la Sierra Nevada estadounidense, con un clima seco y soleado que en el último medio siglo ha atraído a muchos jubilados, lo que ha hecho que la población se triplicase en cincuenta años.

La mayoría de la gente que aparece en la lista de desaparecidos tiene más de 60 años.

Según los cálculos más recientes, el "Camp Fire" ha quemado un total de 10.321 edificios (8.650 de ellos hogares particulares) y ha arrasado 57.500 hectáreas, mientras que los bomberos han logrado contenerlo en un 45 %.

El presidente estadounidense, Donald Trump, visitará este sábado California para reunirse con algunos de los afectados por esta conflagración y por el otro gran fuego que quema en el sur del estado, cerca de Los Ángeles.

El que se conoce como "Woolsey Fire", que también arde desde hace ocho días, se ha cobrado la vida de tres personas en una área que comprende las ciudades de Malibú y Calabasas, ha quemado 39.800 hectáreas y los bomberos lo tienen contenido en un 69 %.

Trump desató el pasado fin de semana una polémica al atribuir los incendios a una "absoluta mala gestión" de las autoridades californianas y amenazar con cancelar futuras ayudas federales.

Pese a ello, el mandatario declaró los incendios "desastre de especial gravedad", lo que ofrecerá a los damnificados ayuda financiera del Gobierno federal para alojamiento, desempleo, gastos legales y tratamiento psicológico.