La conservadora Barrett avanza como próxima jueza del Supremo de EEUU

La jueza conservadora Amy Coney Barrett, propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este jueves para su confirmación en el Senado como nueva magistrada del Tribunal Supremo del país.

Con el apoyo unánime de los senadores republicanos, el Comité Judicial de la Cámara Alta aprobó la confirmación de Barrett, pese al boicot planteado por los demócratas del comité.

Esto despeja el camino para que el próximo lunes el pleno del Senado confirme el nombramiento de la magistrada, nominada por Trump para ocupar el puesto vitalicio que dejó vacante la progresista Ruth Bader Ginsburg, que falleció el mes pasado.

Dicha votación, en la que se da por segura la confirmación de la magistrada debido a la mayoría que los republicanos tienen también en el Senado, tendrá lugar una semana antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que Trump se juega la reelección ante el candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

Trump ha presionado repetidamente para que Barrett sea confirmada en el puesto en el Supremo a tiempo para resolver cualquier litigio relacionado con las elecciones.

Por su lado, Biden anunció que de ganar las elecciones nombrará una comisión bipartidista que estudie la situación del Supremo, ante las acusaciones de Trump de que planea ampliar el número de sus jueces para reequilibrarlo.

En una entrevista con el programa "60 Minutes" que emitirá el domingo la cadena de televisión CBS, Biden dijo que de ganar las elecciones creará una comisión bipartidista que revisaría el asunto y emitiría sus recomendaciones en un plazo de 180 días.

La confirmación de Barrett, de 48 años, inclinaría a la derecha la composición del Supremo probablemente durante décadas, debido a que se trata de puestos vitalicios, ya que la corte quedaría con seis jueces conservadores y tres progresistas.

Trump ha acusado a Biden de planear una reforma para ampliar el número de magistrados del Supremo y lograr así una mayoría progresista en el máximo tribunal, que en los últimos tiempos se ha tenido que pronunciar sobre numerosos asuntos clave de su política.

Biden, que hasta ahora se había negado a aclarar su postura sobre este asunto, se había comprometido a dar una respuesta sobre el tema antes del segundo y último debate presidencial que mantendrá este jueves con Trump en Nashville (Tennessee).

En sus declaraciones a "60 Minutes", Biden aseguró que crearía esa comisión bipartidista porque el asunto del sistema judicial "se está saliendo de control".

"Lo que haré es establecer una comisión nacional bipartidista de académicos, expertos constitucionales, demócratas, republicanos, liberales, conservadores, y les pediré que en 180 días me vengan con recomendaciones sobre cómo reformar el sistema judicial, porque se está saliendo de control", dijo Biden.

Preguntado sobre si el trabajo de la comisión se centraría en la posibilidad de ampliar el número de jueces del Supremo, el candidato demócrata aseguró que "iría mucho más allá".

"Lo último que tenemos que hacer es convertir al Tribunal Supremo en un (partido de) fútbol político, quien tiene más votos obtiene lo que quiere. Los presidentes vienen y van y los magistrados del Supremo permanecen durante generaciones", agregó.

En el Partido Demócrata ha habido voces que han pedido que, de ganar las elecciones, amplíe el número de jueces, algo que ya han hecho otros presidentes en el pasado, para reequilibrar su composición.

Se espera que el Senado confirme el nombramiento de Amy Coney Barrett el próximo lunes, una semana antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuyo resultado, si es disputado, podría acabar en el Supremo.

Durante las audiencias para su confirmación, Barrett se ha negado a decir si se recusaría en un caso de apelación que llegue al Supremo relacionada con los resultados de las elecciones, a pesar de haber sido nominada por uno de los dos candidatos en liza: Trump.

La jueza se ha mostrado contraria al aborto, aunque tampoco ha querido aclarar si votaría para socavar ese derecho reconocido por el Supremo desde 1973.