Anulan declaración de bancarrota de Rudy Giulani y sus activos pueden ser requisados

La justicia anuló el viernes la solicitud de bancarrota del exabogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, lo que abre la vía a sus acreedores, en particular dos observadoras electorales a las que difamó tras las elecciones presidenciales de 2020, para que soliciten el embargo de sus bienes.

En su decisión, hecha pública, el juez federal de quiebras de Nueva York Sean Lane consideró que el exalcalde de Nueva York caído en desgracia había incumplido sus obligaciones de transparencia. 

"El expediente demuestra que el señor Giuliani sigue sin cumplir sus obligaciones de información y no ha demostrado la transparencia financiera que se exige a un deudor en posesión de sus bienes", escribió en una decisión pública.

La caída de Rudy Giuliani, de 80 años, no parece tener fin. Con esta decisión sus acreedores podrán solicitar de nuevo el embargo de sus bienes.

Entre ellos se encuentran las dos observadoras electorales en Georgia, Ruby Freeman y su hija Wandrea Shaye Moss, por las que Giuliani fue condenado a pagar 148 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por difamación tras acusarlas de alterar los resultados en las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. 

Rudy Giuliani encabezó la campaña de Donald Trump para invalidar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que ganó Joe Biden, con el pretexto de un supuesto fraude electoral que nunca se demostró.

Basándose en un vídeo que mostraba a las dos mujeres pasándose un objeto -una pastilla de menta- durante el recuento de las papeletas en Georgia, Rudy Giuliani había afirmado que intercambiaron una llave USB "como si fueran dosis de heroína o cocaína", para amañar los resultados.

Las dos mujeres afroamericanas relataron que las acusaciones, retomadas por Donald Trump en las redes sociales, provocaron una avalancha de insultos y amenazas, a menudo de carácter racista.

Considerado en su día como "el alcalde de Estados Unidos", por su gestión de los atentados yihadistas del 11 de septiembre de 2001 cuando era alcalde de Nueva York, se encuentra ahora también en el centro de las sospechas judiciales, tras haber sido acusado en los estados de Arizona y Georgia por su papel en los intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020. 

El 2 de julio también fue inhabilitado como abogado en Nueva York por sus repetidas mentiras sobre un supuesto fraude durante las elecciones.