Aliado de Trump bajo amenaza de la Justicia por trabar pesquisa del Congreso

Donald Trump

Donald Trump Jr.
Donald Trump Jr. / AFP
Afp
14 de octubre 2021 - 15:39

Washington/Una comisión de investigación parlamentaria de Estados Unidos inició el jueves actuaciones legales en contra de Steve Bannon, antiguo consejero del expresidente Donald Trump, por "obstaculizar el trabajo del Congreso" sobre las investigaciones del asalto al Capitolio.

Bannon fue convocado el jueves ante esta comisión especial de la Cámara de Representantes que indaga cuál fue el papel del expresidente republicano en el ataque de sus partidarios contra la sede del Congreso el 6 de enero, mientras se certificaba la victoria del demócrata Joe Biden en la elección presidencial.

"Bannon rehusó cooperar", constató el demócrata Bennie Thompson, que dirige esta comisión criticada por Trump y sus aliados.

"La comisión especial no tolerará este desdén hacia sus asignaciones y vamos a iniciar el procedimiento para que Bannon sea perseguido penalmente por obstaculizar el trabajo del Congreso", agregó Thompson en un comunicado.

Los miembros de la comisión se reunirán martes por la noche para detallar formalmente su demanda.

Esta deberá ser luego votada en el pleno de la Cámara, donde los demócratas son mayoritarios, antes de ser transmitida al ministerio de Justicia. El fiscal general, Merrick Garland, decidirá si se debe inculpar a Bannon, que podría arriesgar hasta un año de cárcel.

Bannon, de 66 años, fue uno de los artesanos de la victoriosa campaña presidencial de Trump en 2016, antes de ser expulsado por el multimillonario republicano. En los últimos días de su mandato, el entonces presidente le concedió un indulto, lo que puso fin a un proceso por malversación de fondos.

Además de este consejero, cuatro aliados de Trump recibieron citaciones de la comisión especial, que les exige presentar documentos o testimonios.

El expresidente les pidió no ir, invocando el derecho del ejecutivo a guardar información secreta. Pero, para los demócratas, esta prerrogativa solo aplica para el presidente en ejercicio.

El debate jurídico debería llevarse ante los tribunales y podría frenar los trabajos de la comisión.

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