Nicaragua aprueba nueva ley de ciberdelitos considerada como una "mordaza" por opositores

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una ley que castiga con hasta cinco años de prisión publicaciones que provoquen "alarma" en las redes sociales, y que es calificada como "ley mordaza" por medios opositores en el exilio.

La nueva ley castiga con cárcel y multas a quienes, en el país o en el exterior, difundan en redes sociales publicaciones que causen "alarma, temor, pánico o zozobra" entre la población, dijo en un comunicado el parlamento, controlado por el gobierno de Ortega.

La nueva norma reforma la ley de ciberdelitos de 2020, que llevó a la acusación y arresto de muchos opositores y periodistas en Nicaragua por "propagación de noticias falsas", y aumenta las penas para los acusados.

La oposición denuncia que la nueva ley legaliza la censura en redes sociales.

El parlamento, de su lado, aseguró en un comunicado que "fortalece la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de los delitos que cometan las personas naturales o jurídicas dentro o fuera del país, a través de los sistemas informáticos, nuevas tecnologías y redes sociales".

Las sanciones serán también contra los autores "intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices, o cualquier otra persona que facilite la comisión de estos delitos", sean o no nicaragüenses, agrega.

Esta norma se suma a una reforma al código penal aprobada la semana pasada que impuso condenas de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por "delitos contra el Estado" nicaragüense, cometidos por cualquier persona en cualquier país del mundo.

El gobierno de Ortega ha endurecido la represión tras las protestas opositoras de 2018, en parte a través de cambios en la legislación. Desde entonces ha forzado el cierre de unas 5.500 oenegés y ha confiscado sus bienes.

Las protestas de 2018 dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes han sido confiscados.

La nueva ley entrará en vigor cuando sea publicada en el diario oficial La Gaceta.