Noticiero A.M.
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció este lunes que la investigación sobre supuestos pagos de Catar a algunos de sus consejeros, en la que testificó, está motivada políticamente.
La policía israelí detuvo a dos antiguos consejeros del primer ministro, Yonatan Urich y Eli Feldstein, por su presunta implicación en el caso que los medios de comunicación bautizaron como "Catargate".
Las detenciones incrementaron las tensiones políticas en el país, donde el gobierno busca destituir tanto al director de la agencia de seguridad interior Shin Bet como a la fiscal general. El ejecutivo trata también de ampliar el poder de los políticos sobre el nombramiento de jueces.
Las acciones del gobierno reavivaron el movimiento de protesta en Israel y coincidieron con la reanudación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
"En cuanto me pidieron que testificara, dije que era libre y que quería testificar inmediatamente", declaró Netanyahu en una declaración grabada en video.
"Comprendí que se trata de una investigación política, pero no me di cuenta de hasta qué punto era política, y tienen secuestrados a Yonatan Urich y Eli Feldstein (...) No hay caso, no hay absolutamente nada, sólo una caza de brujas política, nada más", añadió.
Netanyahu está siendo juzgado en otro caso por acusaciones de corrupción que él niega.
Catar, un país del Golfo rico en gas, no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y acoge desde hace tiempo a dirigentes del movimiento islamista palestino Hamás, cuyo ataque a Israel en 2023 desencadenó la guerra de Gaza.
"La brutal detención de Yonatan Urich marca un nuevo mínimo en la caza de brujas política para derrocar a un primer ministro de derechas e impedir la destitución del fracasado jefe del Shin Bet" [la agencia de seguridad interior], afirmó un comunicado del Likud, el partido de Netanyahu.
Este mes, el gobierno israelí aprobó por unanimidad la propuesta de Netanyahu de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar.
Pero la Corte Suprema suspendió la destitución para poder examinar los recursos presentados contra su cese antes del 8 de abril.