Muertes durante las protestas en Perú sugieren un 'sesgo racista'

Amnistía Internacional (AI) declaró que la muerte de 49 personas durante las protestas antigubernamentales realizadas en Perú desde diciembre de 2022 hasta febrero del presente año, suponen un "sesgo racista" en el uso de la fuerza por parte de la policía y los militares, esto debido a que una gran mayoría de las muertes fueron en poblaciones indígenas a pesar de que en Lima, capital del país sudamericano, se realizaron la mayoría de las protestas.

La secretaria general de la AI, Agnés Callamard en una conferencia de prensa expresó que casi todas las victimas “pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de la fuerza letal”. El mayor número de muertes se registraron en las regiones de Puno y Agacucho, siendo este último un lugar en donde el 82% de su población es indígena, y en donde se registraron un total de 10 muertes, mientras que en la capital del país en donde solo el 10% se identifica como indígena solo hubo una victima fatal.

Se señaló además que se realizó una “respuesta estatal deliberada y coordinada” que fue “ordenada o tolerada por altos cargos” y que aunque el gobierno quiso presentar a las víctimas “como terroristas o delincuentes”, la mayoría de los decesos fueron por parte de observadores, transeúntes y manifestantes.

Según el informe, de las 25 muertes documentadas por AI, 15 eran menores de 21 años y entre los casos documentados había seis niños en los que de igual manera se utilizó la fuerza letal, y armas prohibidas en tareas policiales, como perdigones “de forma ilegítima” y fuerza menos letal como gases lacrimógenos, aunque de forma “excesiva, desproporcionadas y en ocasiones innecesaria”

En estas protestas se demandaba la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo debido a sus intenciones de cerrar el congreso de manera ilegal y gobernar por Decreto fue removido de su puesto, además de exigir el adelanto de elecciones, una nueva Constitución y el cierre del congreso.

Por su parte, Boluarte niega abusos de la fuerzas de seguridad y asegura que algunos manifestantes actuaron con violencia con la quema de sedes de entidades públicas y privadas y se espera que acuda a su citación, expedida para el 31 de mayo por parte de la fiscalía que la investiga por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.