Maduro acusa al gobierno de Biden de 'saquear' la petrolera de Venezuela en EEUU

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, acusó este jueves a la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, de dirigir el "saqueo" de la refinería Citgo, tras una decisión judicial que permite la venta de acciones para pagar a acreedores.

"Lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden es uno de los robos, uno de los saqueos más grandes que ha habido contra cualquier nación del mundo y nosotros lo rechazamos, lo repudiamos", dijo Maduro durante un acto en Caracas.

Maduro, cuya reelección en 2018 es desconocida por Washington al ser considerada "fraudulenta", reaccionó a la decisión de un tribunal del estado de Delaware que autorizó el inicio del proceso para la venta de acciones de la compañía como compensación a sus acreedores.

La decisión cuenta con el aval, anunciado el 1 de mayo, de la Oficina estadounidense de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro.

El miércoles, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, indicó que los actos "son absolutamente nulos", al tiempo que acusó a Washington de dar "luz verde para el remate judicial de Citgo".

Maduro también señaló al opositor Juan Guaidó de respaldar el "robo" de Citgo.

"Por eso es que la rata de Juan Guaidó huyó para coordinar en el exterior el robo de la empresa Citgo", dijo Maduro al referirse a la salida de Venezuela del opositor hacia Estados Unidos.

Tras una cumbre en Colombia, delegaciones de 20 países -incluido Estados Unidos- se mostraron a favor de aliviar las sanciones contra Venezuela si su gobierno se compromete a celebrar elecciones con garantías para la oposición en 2024.

Pero con la decisión sobre Citgo Maduro aseguró que se metió una "puñalada" a las gestiones de Petro.

Estados Unidos ya había autorizado al Parlamento venezolano electo en 2015, de mayoría opositora y reconocido como última autoridad electa democráticamente, a que negocie "cualquier deuda" del gobierno o PDVSA.

El caso Citgo está relacionado con la compensación a la canadiense Crystallex por la expropiación en 2011 de una mina en Venezuela, sin pagarle los 1.200 millones de dólares dispuestos en un arbitraje internacional.