Juzgado mexicano acusa a cuatro funcionarios de ayudar a fuga del "Chapo" Guzmán
Cuatro funcionarios mexicanos, encargados de monitorear la celda de la que escapó el capó mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, fueron acusados por delito de evasión de presos, informó el lunes el Consejo de la Judicatura.
Un juzgado federal de Toluca (centro) acusó a cuatro funcionarios del penal de máxima seguridad de Almoloya de no atender "los protocolos de seguridad ni la normatividad a la que estaban obligados" y de "no informar oportunamente de la evasión", lo que impidió "activar el código rojo" para evitar la fuga, dijo el consejo en un reporte difundido a la prensa.
La acusación formal contra estos cuatro funcionarios, dos encargados de monitoreo y dos agentes de inteligencia nacional, se suma a la de otros tres acusados por el mismo delito el 24 de julio pasado.
Los cuatro funcionarios trabajaban en el centro de monitoreo del penal, asignados a vigilar a Guzmán Loera a través de las cámaras instaladas en su celda y en el pasillo en el que estaba su calabozo.
Joaquín Guzmán Loera, considerado el narcotraficante más poderoso del mundo y quien había sido aprehendido en febrero de 2014, se escapó por segunda vez de un penal de máxima seguridad la noche el 11 de julio escabulléndose por un agujero en la regadera de su celda que conducía a un túnel de 1.5 km hacia el exterior.
El juzgado determinó que al momento en que Guzmán Loera se escapaba "no hubo fallas en el sistema de monitoreo de la celda" del capo, que en 2001 se había fugado en un carrito de lavandería de otro penal similar.
Los otros tres acusados son el encargado del centro de monitoreo y dos custodios destacados en el área de tratamientos especiales, donde estaba encerrado Guzmán Loera, y no contestaron el teléfono durante la emergencia.
Los siete acusados fueron detenidos el 17 de julio pasado, pero inicialmente un juez no había encontrado elementos para juzgar a los últimos cuatro.
Las autoridades judiciales han asegurado que Guzmán Loera contó con datos estratégicos y logísticos de la penitenciaría y que los funcionarios y custodios favorecieron y propiciaron la fuga.
La fuga de Guzmán, de 58 años, fue un duro golpe para el gobierno mexicano, que ahora ofrece 3.8 millones de dólares por su recaptura.