Justicia argentina abre juicio por intento de homicidio de expresidenta Kirchner
Cristina Kirchner
Su exjefe de campaña y diputado, Gerardo Milman, es una de las personas que Kirchner pide investigar, luego de que fuese escuchado hablando del ataque antes de que ocurriera. Un peritaje de su teléfono aún sigue pendiente.
Buenos Aires, Argentina/La justicia argentina abre este miércoles el juicio por el intento de homicidio a Cristina Kirchner en 2022, cuando un hombre gatilló a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta en un fallido magnicidio que conmocionó a la sociedad y quebró un límite político.
El juicio se centra en los tres imputados -el atacante, su exnovia y el empleador de ambos como vendedores callejeros-, sin ocuparse de supuestos ideólogos o un posible apoyo financiero, pistas que la expresidenta Kirchner pidió que fueran investigadas y que forman parte de una causa paralela.
"Se llegó al juicio con una investigación incompleta porque todavía falta saber muchas cosas acerca de las verdaderas motivaciones y si hubo otra gente involucrada", sostuvo uno de los letrados de Kirchner, Marcos Aldazábal.
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El abogado consideró de todos modos que será "muy importante para conocer el trasfondo de cómo sucedieron las cosas", algo que espera salga a la luz durante las audiencias que se desarrollarán cada miércoles en un proceso que puede extenderse hasta un año y que contará con más de 300 testigos, entre ellos la propia Kirchner.
Los acusados
El agresor resultó ser un vendedor de dulces que en la noche del 1 de septiembre de 2022 atacó a Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia (2007-2015).
Identificado como Fernando Sabag Montiel, de 37 años, apretó el gatillo dos veces sin que las balas salieran y fue arrestado allí mismo.
Su novia de entonces, Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta las inmediaciones del lugar del hecho, fue arrestada días después, al igual que Nicolás Carrizo, empleador de ambos como vendedores de dulces y señalado como posible "planificador".
Sabag Montiel, también chofer ocasional de un servicio de autos de alquiler y portador de tatuajes con simbología filonazi, evidenció una personalidad "narcisista" y un discurso "extravagante" con elementos de hostilidad hacia Kirchner, según pericias.
Por su parte, Uliarte está acusada como "coautora" y señalada como instigadora, mientras Carrizo está acusado de complicidad.
Otras personas que habían sido arrestadas como sospechosas fueron liberadas conforme avanzó la investigación sobre la llamada "banda de los copitos", el grupo de vendedores callejeros de algodón dulce al que pertenecían los imputados.
Cimbronazo político
Tras el atentado, Kirchner recibió mensajes de solidaridad de todo el mundo, incluyendo un llamado diligente del papa Francisco.
Sin embargo, también hubo un manto de sospecha acerca de la veracidad del ataque, luego despejado por las pericias que confirmaron que el arma era verdadera y tenía balas en la recámara.
En medio de las condenas públicas, adversarios políticos, como la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich, excandidata a la presidencia por la fuerza de derecha Juntos por el Cambio, optaron por el silencio.
Esas y otras pistas sobre el supuesto financiamiento que llevan hasta una empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo, fueron desestimadas por el tribunal y forman parte de una investigación paralela, pese a que Kirchner pidió integrarlas a este juicio.
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"No hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más", sostuvo Kirchner en una carta pública cuando la justicia cerró la instrucción y elevó la causa a juicio. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", adujo.
El atentado rompió "un pacto democrático fúndante de la democracia: el de la no aceptación de la violencia contra el adversario", declaró a la AFP Iván Schuliaquer, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires.
Al día siguiente del atentado, el gobierno declaró un feriado extraordinario y miles de personas salieron a la calle en todo el país para repudiar lo ocurrido, convencidas de que la extrema polarización que dominaba la escena política había traspasado un límite.
"Fue un antes y un después, no porque hubiera cambiado la política, sino porque evidenció a las claras que la polarización permite, en cierto sector, que no haya ningún tipo de condena cuando el atacado es el otro", afirmó Schuliaquer.