Juez ordena 36 meses de prisión preventiva a hermano de presidenta de Perú acusado de corrupción
El tribunal impuso también 36 meses de prisión preventiva a otros tres investigados por el mismo caso.
Un tribunal ordenó este martes 36 meses de prisión preventiva contra el hermano mayor y exasesor de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por su presunta vinculación en una trama de corrupción.
"En cuanto a Nicanor Boluarte Zegarra debe imponerse mandato de prisión preventiva porque se trata de una medida proporcional para su caso concreto", dijo el juez Richard Concepción Carhuancho al anunciar su veredicto.
"Se le va a imponer el plazo de 36 meses", agregó el magistrado acogiendo el pedido formulado por la fiscalía. También ordenó su captura.
"En libertad es probable que fugue y perturbe la investigación" dada su relación privilegiada de parentesco con la presidenta de la República, indicó el juez.
El tribunal impuso también 36 meses de prisión preventiva a otros tres investigados por el mismo caso.
Nicanor Boluarte, de 65 años, quien no asistió a la audiencia, es acusado por la fiscalía de comandar una red de corrupción que nombraba a funcionarios a cambio de sobornos aprovechando el "poder de facto" de su hermana, según el poder judicial.
La fiscalía solicitó prisión preventiva ante la sospecha de peligro de fuga del investigado y para evitar que se comunique con los involucrados en caso.
La ley peruana permite un máximo de 36 meses de prisión preventiva en casos complejos.
El hermano de la presidenta peruana ya estuvo detenido por este mismo caso una semana en el mes de mayo, pero luego un juez revocó su detención preliminar y ordenó su libertad.
Según la acusación, los cuatros procesados captaban "afiliados" para inscribir un nuevo partido político, "Ciudadanos por el Perú", que encabezaría el hermano de la mandataria.
La fiscalía señala a Nicanor de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de "dádivas económicas". Esos funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la mandataria y el ministro del Interior.
La organización "habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte" asumió como presidenta el 7 de diciembre, según la fiscalía.