Juan Carlos I, la mansión de Corinna y los fondos en Panamá

Los escándalos que envuelven al rey emérito Juan Carlos I han hecho correr ríos de tinta, no solo en los medios españoles, sino también en Europa y América Latina. La situación empaña el papel que tuvo en la transición hacia la democracia, tras la dictadura de Francisco Franco y representa una herida grande para la monarquía, en la mira de sus ciudadanos.

El pasado 3 de agosto, saltaba a la palestra pública su decisión de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión de “ciertos acontecimientos pasados”, como lo daba a conocer la Casa Real española en un comunicado.

Con su exilio autoimpuesto, el exmonarca de 82 años informaba a la Casa Real, que abandonaba el país para “contribuir a facilitar el ejercicio de las funciones” de su hijo, el actual rey Felipe VI.

Sin embargo, al tiempo de conocerse la noticia, saltaban las alarmas de que el rey emérito ya no se encontraba en su país. Fueron semanas de conjeturas tratando de descifrar su paradero. Portugal, República Dominicana, Abu Dabi, fueron algunos de los países mencionados, hasta que el 17 de agosto se confirmaba su destino, Emiratos Árabes Unidos.

Salpicado por un caso de corrupción

Una publicación del diario suizo Tribune de Geneve, asegura que un fiscal especial de Ginebra investiga presuntas comisiones de más de 6 mil 700 millones de euros en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de una línea de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí).

El diario también citó que una de las donaciones ascendió a 100 millones de dólares, que procedían del rey Abdul Al Saud y fueron a parar a una cuenta del banco suizo Mirabaud, perteneciente a una Fundación panameña de nombre Lucum, cuyo único beneficiario sería el rey emérito Juan Carlos I.

La examante y la mansión comprada en Reino Unido con un fondo en Panamá

La fiscalía suiza también investiga la compra en 2015, de una mansión en el Reino Unido, por parte de Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I, tres años después de haber recibido 65 millones de euros del rey emérito, según detalla la prensa europea.

Larsen es una consultora empresarial nacida en Dinamarca y quien habría asegurado a los fiscales en Ginebra, que pagó 6 millones de libras, 6,7 millones de euros o 7,8 millones de dólares por la finca Chyknell Hall Estate, cerca de la localidad de Bridgnorth, al oeste de Inglaterra.

En su testimonio, al que tuvo acceso el diario El País, la examiga del rey emérito dijo que gastó similar cantidad en las reformas de la residencia.

Tal como explica El País, la mansión aparece a nombre de Jade Trust, una fundación panameña cuyo beneficiario es el hijo de Larsen.

Desde el año 2018, Larsen está bajo investigación por supuesto blanqueo de dinero, según El País.

En tanto, el fiscal en Ginebra indaga la adquisición de la mansión y la “opaca estructura” usada en la operación, tras recibir el oneroso regalo del exmonarca, tal como afirma dicho periódico.

La mansión con 11 dormitorios, una biblioteca, piscina y campo de críquet se encuentra en una finca de 81 hectáreas.

Larsen, en una entrevista emitida por la BBC, aseguró que este "regalo extraordinariamente generoso" fue en agradecimiento por "cuidar de él" y por la estima que le tenía a su hijo, según una nota de la agencia AFP.

La empresaria es una de las investigadas, al igual que dos gestores de cuentas en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana.

Por su parte, la fiscalía suiza sospecha que los 65 millones de euros que recibió, sirvieron para esconder el dinero restante recibido del monarca saudí. Tanto Larsen como Juan Carlos habrían negado que ella hubiese ejercido de testaferro.

Destaca El País, que la investigación de la fiscalía no solo ha destapado la cuenta del rey emérito en Suiza a nombre de la fundación panameña, sino también “una maraña de sociedades off shore y cuentas de Larsen en Suiza, Bahamas, Nueva York y Londres, algunas creadas por el abogado Canónica, investigado también por blanqueo de capitales”.

Objeto de sospecha, pero sin ser investigado

Aunque el rey emérito no está siendo formalmente investigado, las revelaciones de la examante sobre su fortuna son estudiadas en Suiza y en España.

De acuerdo con AFP, en junio pasado, la fiscalía del Tribunal Supremo español, la única jurisdicción que podría procesar al rey emérito y exjefe del Estado, indicó que buscaba determinar la eventual existencia de un “delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales” y si Juan Carlos I pudiera ser responsable.

Agrega la nota que, según fuentes de la fiscalía, la corrupción es uno de los delitos más difíciles de probar, pues se abren dos vías, posible lavado de dinero y la evasión fiscal.

Explican que para que haya lavado de dinero, el origen de los fondos debe ser ilícito.

Además, las fuentes sugieren a AFP, que en caso de demostrarse que el rey emérito recibió altas sumas de dinero como afirma la prensa europea, se tendría que probar que “no se trató de regalos sin contrapartida, algo que sería legal”.

Mientras, si la justicia demostrara lo contrario, Juan Carlos tendría que haber usado los fondos, “invirtiéndolos o pasándolos de un banco a otro, luego de haber abdicado en 2014”, año hasta el que gozó de la inmunidad de ser jefe del Estado.

Estiman que es difícil probar que el dinero saudita se trató de una comisión, tres años antes de que el contrato lo ganara un consorcio español.

Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo en 2014, luego de otra polémica por su relación con Corinna Larsen y su viaje a Bostsuana en 2012 para cazar elefantes, en plena crisis económica en España.

Una monarquía frágil

Tras acceder al trono, Felipe VI tomó medidas urgentes para mejorar la imagen de la Corona, entre ellas, impuso un código de conducta de la familia real y retiró la asignación anual a Juan Carlos tras revelarse los detalles de la opaca fortuna.

Analistas y politólogos españoles consideran que la situación de la monarquía es frágil porque ha caído el crédito que tenía hace más de 20 años, cuando llegó a ser una institución valorada.

Otros escándalos, como el de Iñaqui Urdangarín, casado con la infanta Cristina, hermana de Felipe VI habrían mermado la confianza en la institución.

Urdangarín fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, dentro de un caso de corrupción en España, tal como describe en una nota la agencia EFE.

Pese a ello, tampoco existe fuerza entre las personas contrarias a la monarquía en España.

En medio de la vorágine, Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se muestran cercanos al pueblo, tratando de apaciguar el escándalo.

A ellos se une la reina Sofía [esposa de Juan Carlos I], que permanece en España, una figura respetada por su trabajo y entrega al servicio de la institución monárquica, a la cual el escándalo no ha alcanzado, porque según anotan algunos expertos en los medios europeos, ha sabido poner sus obligaciones en la Casa Real por encima de su vida personal.