Jimmy Morales desafía la lucha contra la corrupción

La opción de que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pida a la ONU la destitución del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, cobra fuerza y supone un desafío a la lucha contra la corrupción, resquebrajando la unidad nacional.

La ambigüedad y la opacidad con la que el Gobierno de Guatemala está acostumbrado a tratar asuntos de Estado lo ha puesto en el ojo del huracán. Mientras se especula, cada vez con más fuerza, que el mandatario pedirá el viernes que se vaya el abogado colombiano, el país alza la voz en su favor al grito de: "Iván se queda".

El martes por la noche, de forma intempestiva y sorpresiva, la fiscal general, Thelma Aldana, confirmaba unos rumores que habían ido en aumento. El mandatario viajaría el viernes a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres, y pedirle la destitución de Velásquez.

La titular del Ministerio Público (MP), cuyo mandato vence en mayo del próximo año, amenazaba con presentar su dimisión si esto se producía y el Gobierno, esquivando a la prensa y sin precisión alguna, confirmaba la reunión pero no respondía al supuesto cese, aunque advertía que no iba a aceptar ningún tipo de chantaje ni intromisión y que las instituciones están por encima de las personas.

Con el argumento de que los casos del "crimen organizado y de las estructuras criminales y terroristas" han ido en aumento, el vocero de la Presidencia, Heinz Heimann, insinuaba que el mandato de la Cicig debería ampliarse para acabar con las redes que buscan apropiarse de las instituciones, haciendo referencia a las maras.

Sin embargo, el mandato del ente, creado por la ONU en 2007, señala que su fin es investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, así como colaborar con el Estado en la persecución penal.

Ante esta indeterminación y ambigüedad, la sociedad y varios sectores, como partidos políticos de la oposición, empresarios y periodistas expresaban su apoyo al abogado colombiano, que asumió el puesto en 2013. La ONU, breve pero concisa, también habló, mostró su respaldo a Velásquez y dijo que lo apoyarán al frente del timón.

Pero este caso puede dar un giro y las intenciones del presidente de pedir la destitución del magistrado colombiano, un hombre conocido como "el temible", pueden tener un segundo propósito.

La Fiscalía trabaja en la investigación de dos denuncias por financiación electoral del partido oficial durante la campaña de 2015.

Algunas voces apuntan a que el presidente tiene miedo en repetir la historia de Otto Pérez Molina, el primer mandatario de Guatemala acorralado y obligado a dimitir por su supuesta implicación en varios casos de corrupción, que ahora lo tienen en prisión preventiva.

Bajo investigación también está, desde hace meses, los 500,000 dólares que supuestamente había entregado el narcotraficante Marlon Francisco Monroy, conocido como "El Fantasma", para financiar a FNC-Nación al hijo del vicepresidente, Jafeth Cabrera, un hecho que este siempre ha negado.

También el juicio abierto contra Sammy y José Manuel, hermano e hijo del presidente, por un caso de fraude en 2013. Desde entonces, el mandatario se mostró distante con Aldana y Velásquez, aunque negó una mala relación.

Puede que dé marcha atrás. Que vaya a la reunión ante el secretario de la ONU a pedirle más apoyo para combatir la impunidad, la corrupción y el "terrorismo" que azota a Guatemala, como argumentó de forma repentina el Gobierno, y que olvide esa intención de sacar a Velásquez.

Lo que si es cierto es que Velásquez y Aldana son las caras públicas de una cruzada contra la corrupción iniciada en 2015 que ha permitido desarticular más de una docena de casos que involucran a unas 300 personas, entre exfuncionarios, empresarios, políticos, diputados, alcaldes y particulares, entre otros.

Aun así, especialmente durante este año, las redes sociales y algunos medios de comunicación han iniciado una campaña negra contra la Cicig, cuyo mandato fue prorrogado por el propio Jimmy Morales hasta 2019.

Si Velásquez se va, Aldana también. Todo un desafío que podrían aprovechar las estructuras clandestinas y delincuenciales al interpretarlo como un resquebrajo de la unidad nacional frente a la primavera contra la corrupción iniciada en 2015.