La independencia judicial en Guatemala, en tela de juicio
El pasado 2 de junio, en un momento álgido de inestabilidad en el Ejecutivo, acorralado por varios casos de corrupción, la declaración del presidente de que continuaría al mando de un barco a la deriva, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, en un segundo plano, hizo levantar todas las sospechas.
Guatemala, en plena carrera electoral, en la recta final del mandato del presidente, Otto Pérez Molina, y con varias sospechas de corrupción que sobrevuelan todos los ámbitos y sectores, hace resurgir la pregunta que siempre gravita en toda sociedad: ¿Hasta donde llega la independencia judicial?
Si la Justicia impartida por los tribunales siembra a la par afectos y desafectos, que se corresponden matemáticamente con quienes se ven favorecidos o perjudicados en sus pretensiones, el órgano de Gobierno que la representa en Guatemala no se queda a la zaga.
Este hecho queda patente en las últimas decisiones que el Poder Judicial guatemalteco ha adoptado y que han provocado que vuelva a salir a la palestra una histórica controversia: ¿Hasta donde llegan las presiones políticas, institucionales e internacionales en un ente que presume de características como la independencia y la integridad?
La incertidumbre política e institucional que vive Guatemala se intensificó el pasado jueves cuando la Corte Constitucional (CC), mayor ente judicial del país, decidió otorgar un amparo provisional al presidente Pérez Molina, hasta entonces investigado por corrupción en una comisión del Congreso.
Esta resolución puso de manifiesto la divergencia de opiniones y criterios de dos órganos judiciales, la CC y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que con anterioridad había dado su visto bueno al proceso en contra del mandatario.
El presidente parece haber conseguido eludir una nueva tormenta, o por lo menos de momento, pero, ¿hasta cuándo? y, ¿a qué coste?.
El pasado 2 de junio, en un momento álgido de inestabilidad en el Ejecutivo, acorralado por varios casos de corrupción, la declaración del presidente de que continuaría al mando de un barco a la deriva, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, en un segundo plano, hizo levantar todas las sospechas.
Pérez Molina, totalmente debilitado, se agarró al mástil estadounidense para seguir en el poder, pero la duda es a cambio de qué.
Todo apunta a que la ciudadanía no está dispuesta a continuar con un país de silencio en el que nada se discutía, se cuestionaba o se protestaba.
Ahora parecen predispuestos a criticar y proponer cambios, como demuestra la convocatoria de una nueva manifestación para este mismo sábado.
Sin embargo, el caso de Pérez Molina no es un hecho aislado. Esta misma semana dos solicitudes de antejuicio contra otros tantos candidatos a la Presidencia del país copaban las primeras planas de todos los medios de comunicación.
Los supuestos culpables de cometer delitos electorales durante la campaña para los comicios del próximo 6 de septiembre son la exprimera dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de Esperanza (UNE), y Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Líder).
No obstante, los guatemaltecos temen que esta petición quede olvidada en un cajón lleno de documentos que nunca verán la luz de la Justicia.
Es aquí donde entra en juego el Poder Judicial, supuestamente encargado de velar por la equidad y la institucionalidad del país, pero, ¿tiene independencia para actuar?
Ante este interrogante cobra importancia un parte de la oposición (representada por la formación Libertad Democrática Renovada, Líder) y el partido oficialista (el Partido Patriota, PP).
Los líderes de las dos formaciones, Manuel Baldizón y Otto Pérez Molina, respectivamente, son los principales aliados de un sistema en el que imperan, a partes iguales, la impunidad y la corrupción.
Ambos aprobaron un presupuesto que suscitó grandes dudas en la población. Los dos eligieron, a dedo, a los trece jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a los otros 120 que constituyen las salas de apelaciones, los que conforman el Constitucional y, como no, los que integran el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ante esto, no es de extrañar que las decisiones judiciales sorprendan a propios y a extraños en un sistema que está en uno de sus momentos más críticos y que suplica por una reforma integral de manera urgente.
Algunas voces creyentes del cambio apuntan a que algunos de esos entes han decido revelarse y enfrentar a aquellos que, a cambio de fidelidad, los pusieron en el cargo.
A la mente viene, por ejemplo, la decisión de la CSJ de dar trámite a la solicitud de antejuicio en contra de Pérez Molina o la suspensión de seis meses al PP por parte del TSE por anticipar la campaña electoral el pasado año.
Pero, ¿es de verdad una rebelión o una mera fachada que intenta dar una imagen de transparencia y separación de poderes que jamás existió?. Solo el tiempo pone a cada quien en su lugar.
Es "innegable" que la justicia ha mejorado algo a lo largo del tiempo, pero todo hace ver que la impunidad es una de las pocas asignaturas que tiene pendiente la democracia guatemalteca.
Y aunque el hecho de que la independencia judicial en Guatemala tiene límites sea un secreto a voces, esta situación no cambiará hasta que no se escuchen los clamores de una sociedad, que, al final, se reducen a uno solo: que el poder Judicial dé un golpe rotundo encima de la mesa y diga ¡basta ya!. ACAN-EFE