Human Rights Watch llama a restringir el uso de Fuerzas Armadas en seguridad pública

La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó este viernes a Ecuador a restringir las nuevas facultades que ha concedido a sus Fuerzas Armadas a la hora de intervenir en funciones de seguridad pública, porque considera que "podría alentar el uso de la fuerza letal" contra civiles.

"Un acuerdo ministerial adoptado para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, podría alentar el uso de la fuerza letal en circunstancias que van más allá de las permitidas según estándares internacionales de derechos humanos", advierte HRW en un comunicado difundido desde su sede en Washington.

La organización alerta que la resolución, adoptada el pasado 29 de mayo como Acuerdo Ministerial 179, dispone que "las operaciones militares deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos según estándares internacionales de derechos humanos".

"Sin embargo, al mismo tiempo, vulnera esos principios al conceder a las Fuerzas Militares amplias facultades para usar la fuerza letal y participar en operaciones de seguridad pública vinculadas con manifestaciones y reuniones", agrega.

Nuevo reglamento

El llamado "Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas" fue publicado en el Registro oficial el 29 de mayo y supone una reforma a los modos y funcionalidades de intervención y conducta de fuerzas militares en situación de desasosiego, disturbios y resistencia social interna.

De esta forma, enmienda las reglas de intervención con base en un Manual de Derecho que data de 2014 y que, en cierta medida, fue utilizado ya durante las protestas de octubre de 2019, cuando decenas de miles de ecuatorianos salieron a las calles para protestar por la eliminación de los subsidios a la gasolina.

En ese sentido, el Acuerdo Ministerial autoriza el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas "en operaciones de apoyo a otras instituciones del Estado", incluyendo a la Policía, aun si no existe un estado de emergencia, según el comunicado de HRW.

José Miguel Vivanco, director la ONG para las Américas, considera que esas nuevas reglas pueden alentar al uso letal contra civiles.

"A las Fuerzas Militares se las entrena para la guerra, no para participar en operativos de orden público (..) Otorgarles facultades que van más allá de las permitidas según estándares internacionales para el uso de la fuerza letal durante manifestaciones, es una medida que podría generar graves abusos", advierte el activista.

Y trae a colación las protestas civiles de ciertos sectores a raíz de la pandemia de la COVID-19 y por los recientes recortes anunciados por el Gobierno, para ejemplificar el temor de que el Ejército sea involucrado en funciones de orden público.

HRW, así como otros organismos de derechos humanos, denunciaron hace meses que "policías y militares ecuatorianos usaron fuerza excesiva contra manifestantes y periodistas durante las protestas multitudinarias de octubre de 2019", que duraron 14 días y solo se apagaron después de que el presidente Lenín Moreno aceptara derogar su decreto y devolver los subsidios.

Una acusación que el Gobierno descarta al asegurar que se emplearon en todo momento medios no letales de contención de masas y denunciar, a su vez, que fueron los manifestantes los que recurrieron a un uso excesivo de la fuerza no contemplado por la ley para estos casos.

La ONG también denuncia que, más recientemente, en mayo, "hubo manifestantes golpeados y heridos por policías durante una protesta vinculada con la COVID-19", si bien "no se han iniciado aún investigaciones sobre muchos de estos señalamientos, y aquellas que se abrieron se encuentran en etapas preliminares".

Por ello, exhorta al Gobierno ecuatoriano a "actuar con urgencia para modificar la resolución sobre la participación de las fuerzas armadas en actividades de orden público".

Vivanco insta igualmente a Ecuador a "asegurarse de que los parámetros para el uso de la fuerza letal cumplan cabalmente con las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos y prevengan de manera efectiva los abusos militares, en vez de alentarlos".

Y señala que la participación de militares en operaciones de orden público es "problemática para los derechos humanos debido a que no están entrenados para tareas policiales" y dado que "además, difícilmente se puede asegurar que estos funcionarios respondan por sus actuaciones, cuando son las propias autoridades militares quienes investigan los abusos cometidos por sus miembros".