Hospital donado por Taiwán y ruta de Odebrecht, íconos de la corrupción en Guatemala

El hospital de Chimaltenango, el más moderno de Guatemala, fue donado por Taiwán, pero su equipamiento costó 10 millones de dólares más de lo previsto debido a compras a sobreprecio hechas por funcionarios corruptos coludidos con empresarios.

Entre las compras, los encargados del hospital pagaron 10.000 dólares por cada una de 87 sillas de masajes que costaban apenas 1.000 dólares.

Para equipar el hospital inaugurado el pasado 3 de abril por la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, sus jefes contrataron como intermediaria a una firma que carecía de experiencia. Había sido creada meses antes con un capital de solo 625 dólares, aparentemente con el único fin de intervenir en este suculento negocio.

Por su parte, en 2012 el gigante brasileño de la construcción Odebrecht ganó un contrato por 399 millones de dólares para ampliar la ruta Interamericana en el occidente del país centroamericano.

En septiembre de 2017, cuando la constructora brasileña quedó en el ojo del huracán por escándalos de pagos de sobornos en una docena de países, la justicia guatemalteca empezó a investigar el contrato.

Dos directivos brasileños de la empresa testificaron ante una jueza y le entregaron los nombres de los funcionarios guatemaltecos a los que habían sobornado, así como los montos pagados para la concesión del contrato.

"Tomaron instituciones del Estado"

Un exministro de obras públicas, el jefe de un partido político (que ordenó a su bancada aprobar el contrato de Odebrecht) y un empresario fueron acusados de lavado de dinero y cohecho, cargos por los que estuvieron un tiempo en prisión preventiva. 

Sin embargo, el caso contra ellos se ha debilitado y parece poco probable sean condenados.

"Desde hace muchos años en Guatemala y paulatinamente [los corruptos] fueron tomando todas las instituciones del Estado, obviamente, el Ejecutivo con el presidente [Alejandro] Giammattei", dice a la AFP la exfiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz, ahora exiliada en Costa Rica.

Entre las instituciones copadas también figuran "el Congreso, que tiene una mayoría de diputados oficialista. También las altas cortes, que tienen años de haber tenido que ser renovadas y no se ha renovado su mandato", agrega.

95% de los contratos

Un prominente líder empresarial que promueve la transparencia sospecha que casi todas las compras públicas se hacen mediante algún esquema corrupto. Esto priva al Estado de recursos que permitirían elevar el nivel de vida del 60% de los guatemaltecos sumidos en la pobreza. 

"Te puedo decir que hemos calculado que más del 95% de las adjudicaciones del Estado están metidas en rubros de corrupción", señala a la AFP el médico ginecólogo Rodrigo Salguero, presidente del Consejo Nacional Empresarial (CNE).

El Consejo, creado hace un año y medio, está integrado por un centenar de empresas empeñadas en conseguir transparencia en el país, por lo que no se sienten cómodas con los gremios tradicionales del sector privado.

Los negocios turbios raramente son investigados por la Fiscalía, cuya jefa, Consuelo Porras, fue incluida por Estados Unidos en 2021 en una lista de actores "corruptos".

"Estamos de rodillas"

Este escenario ha causado que Guatemala figure entre los 30 países más corruptos del mundo, según la ONG Transparencia Internacional.

Además, la corrupción y la pobreza empuja a miles de guatemaltecos a emigrar en masa en busca del sueño estadounidense.

"La corrupción es la que tiene de rodillas a nuestro país y los más perjudicados somos los que vivimos en las áreas lejanas", declara a la AFP Israel Ramírez, líder de la aldea Talquezal, en la empobrecida zona oriente del país próxima a la frontera con Honduras.

El campesino 46 años relata que 15 niños de su aldea murieron por desnutrición en la última década.

Nadie sabe cuántos guatemaltecos emigran. Las únicas cifras disponibles son las de quienes regresan al país deportados: 28.568 este año desde Estados Unidos y 13.778 desde México, según Migración de Guatemala.

Adiós CICIG

En 2007, en un intento por acabar con la corrupción endémica y la impunidad de los funcionarios corruptos, el entonces presidente, Óscar Berger, creó la CICIG, una suerte de fiscalía paralela avalada por la ONU, que comenzó a investigar sonados casos de corrupción.

La CICIG reveló una red de fraudes en la aduana, lo que provocó en 2015 a la renuncia del presidente Otto Pérez, quien ahora purga una condena de 16 años de prisión por este caso.

La caída de Pérez levantó esperanzas de cambio entre los guatemaltecos, pero su sucesor, Jimmy Morales, cerró la CICIG en 2019 y todo volvió a ser como antes. 

Después, bajo el gobierno de Giammattei, la fiscal Porras organizó una caza de brujas contra antiguos funcionarios de la CICIG y de la propia Fiscalía: una treintena están presos o en el exilio, como Claudia Paz y Paz.