Semana decisiva en Cataluña con el posible retorno del independentista Puigdemont

Salvador Illa, el candidato del partido socialista del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se someterá en una fecha por definir de esta semana a un voto de investidura en el Parlamento catalán.

Elecciones generales.
Elecciones generales. / AFP
AFP - Agencia
06 de agosto 2024 - 03:01

Madrid, España/Una semana decisiva para España se abrió el lunes, con la esperada elección de un nuevo presidente en Cataluña, a la que ha prometido asistir el independentista Carles Puigdemont pese a que puede ser arrestado si vuelve tras siete años en el extranjero.

Salvador Illa, el candidato del partido socialista del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se someterá en una fecha por definir de esta semana a un voto de investidura en el Parlamento catalán, tras haberse asegurado los necesarios votos del partido independentista ERC.

Pero el acuerdo entre los socialistas y ERC enfadó al otro gran partido separatista de Cataluña, Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya) de Puigdemont, quien también intentó conseguir los apoyos para ser nombrado presidente regional.

Investidura incierta y el caso Puigdemont

Los socialistas de Salvador Illa, que llegaron primeros en las elecciones regionales de mayo, no obtuvieron suficientes escaños para lograr una mayoría en un Parlamento regional muy fragmentado.

Para ser investido, quien fuera ministro de Sanidad en tiempos de la pandemia del covid necesitará una mayoría absoluta de 68 votos en una primera votación, que tendría garantizados con los apoyos de los 20 diputados de ERC y los 6 de un partido de izquierda radical que pertenece a la plataforma Sumar, que gobierna con Pedro Sánchez en España.

Aún quedan dudas sobre la dirección del voto de algunos diputados de ERC, por el ajustado resultado de la votación del viernes pasado entre la militancia para decidir su apoyaba a Illa. En caso de fracaso y si no hay un nuevo presidente catalán antes del 26 de agosto, se repetirán las elecciones en octubre.

Sobre Puigdemont, que era presidente de Cataluña en 2017, cuando la región intentó sin éxito la secesión de España, pesa una orden de arresto pese a la ley de amnistía impulsada por Pedro Sánchez como moneda de cambio para el necesario apoyo de Junts para ser reelegido en noviembre pasado.

El 1 de julio, el Tribunal Supremo determinó que la amnistía, muy criticada por la oposición, no se aplicaba para Puigdemont en el caso del delito de malversación, por lo que puede ser detenido y puesto en prisión preventiva si regresa a España. El sábado, Puigdemont reiteró en la red social X que tenía intención de estar presente en la sesión de investidura en Cataluña.

"Sé que mi retorno puede comportar la detención y el ingreso en prisión", pero "así como ir al exilio fue una decisión política, volver del exilio también lo es", afirmó. Su arresto, sobre todo teniendo en cuenta que él fue elegido diputado del Parlamento y podría participar en la votación, podría retrasar o cancelar la sesión, e incluso llevar a la militancia de ERC a replantearse el apoyo a Illa.

Consecuencias para el Gobierno de Sánchez y reforma fiscal arriesgada

A nivel nacional, el gobierno minoritario de Sánchez necesita del apoyo de varios partidos regionales, entre ellos los independentistas catalanes, para aprobar leyes. Junts ya ha amenazado con bloquear los presupuestos del Gobierno para 2025 mientras sigan pendientes recursos legales contra la amnistía.

Y una detención de Puigdemont dificultaría aún más los acuerdos y pondría en duda la capacidad de Sánchez para "seguir gobernando eficazmente", según Federico Santi, analista para Europa del gabinete Eurasia Group.

Para conseguir el apoyo de ERC para investir a Illa, los socialistas prometieron algo largamente anhelado por los separatistas catalanes: el control total de los impuestos recaudados en esta rica región del noreste de España, a semejanza de lo que ocurre en el País Vasco.

Pero un cambio de esa envergadura debe ser aprobado por el Parlamento de Madrid, donde ya ha despertado la ira de la oposición de derecha, que ha prometido luchar en su contra en los tribunales.

Y mientras unas regiones podrían exigir el mismo trato, otras temen que las ayudas del Estado central disminuyan con la reforma, como Galicia o Canarias, complicando la situación, advierte el centro de asesoramiento estadounidense Stratfor. "Este acuerdo abrió una caja de Pandora de recriminaciones”, resumió Federico Santi.

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