Principal acusado en juicio a catalanes separatistas no responde a la acusación
Oriol Junqueras, el principal acusado de los dirigentes independentistas juzgado en el Tribunal Supremo español, anunció este jueves al comienzo de su declaración que no responderá a las preguntas de la acusación argumentando que "es un juicio político".
"Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos y, entendiendo que estoy en un juicio político (...), no contestaré a las preguntas de las acusaciones", afirmó Junqueras, quien era vicepresidente regional durante el intento de secesión de octubre 2017.
Acusado de rebelión y malversación por parte de la fiscalía, que reclama para él 25 años de cárcel, el antiguo número dos del expresidente Carles Puigdemont y líder del partido independentista ERC lleva quince meses en prisión preventiva.
Respondiendo a preguntas de su abogado "después de año y medio de silencio forzado", se definió como "un preso político" que siempre ha querido impulsar los "proyectos más inclusivos posibles" y garantizó que seguirá intentando dar una salida a las demandas independentistas "sea cuál sea el resultado de este proceso".
Y sobre la controvertida cuestión de si hubo o no violencia en la fallida tentativa de secesión catalana, Junqueras aseguró que las acusaciones "retuercen la argumentación".
"Si se nos lee, se nos escucha, se observa nuestras acciones, nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre hemos rechazado la violencia", afirmó el exvicepresidente regional.
"Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito, trabajar por la independencia pacíficamente no es delito", insistió.
Independentista de izquierdas desde su infancia, este historiador de 49 años y antiguo profesor universitario es el primero de los doce acusados en declarar en este proceso histórico para la justicia española.
El gobierno de Puigdemont y Junqueras organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum ilegal de autodeterminación, marcado por la violencia desplegada por la policía para impedirlo.
Cuatro semanas después, el 27 de octubre, los diputados del Parlamento regional proclamaron en base a esa votación una república independiente no reconocida por ningún país y frustrada rápidamente por el gobierno español, que destituyó a las autoridades catalanas y tomó el control administrativo de la región.