Primera y temprana prueba de fuego para el gobierno español de Pedro Sánchez

El gobierno español de izquierdas presidido por el socialista Pedro Sánchez podría sufrir este miércoles el primer revés en la nueva legislatura si los diputados independentistas catalanes de Carles Puigdemont mantienen su postura y votan en contra en la primera votación importante en el Congreso.

El Congreso debe hoy convalidar tres decretos-ley del gobierno -uno de ellos un paquete de medidas sociales de gran abasto para combatir la inflación-, en lo que se considera la gran primera prueba para medir si Sánchez puede seguir contando con la frágil red de apoyos con la que consiguió su investidura en noviembre, pese a perder las elecciones de julio ante el conservador Partido Popular.

Esta red parlamentaria incluye a los siete diputados de Puigdemont y a los cinco del partido de extrema izquierda de Podemos, que también anunció que votaría en contra del gobierno este miércoles.

Los resultados de la votación se conocerán por la tarde. Los decretos-leyes a convalidar incluyen una reforma de los subsidios de desempleo, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, y unas medidas exigidas por Bruselas para que España acceda a 10.000 millones de euros de fondos europeos.

"No puede haber ninguna razón, ni política ni ideológica que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias, a nuestras empresas. No la hay", dijo, abriendo el debate parlamentario, el ministro de Presidencia, el socialista Felix Bolaños, implorando el apoyo del Congreso.

Según la prensa española, el gobierno ha ofrecido a sus aliados parlamentarios acabar tramitando estas medidas como proyectos de ley, con lo cual se abrirían a enmiendas pero se retrasaría su aprobación.

Los diputados de Juntos por Cataluña (JuntsXCat) aceptaron apoyar la investidura del nuevo gobierno a cambio de que impulsara una amnistía para centenares de independentistas, incluido Carles Puigdemont, huido de la justicia española a Bruselas desde la fallida tentativa de secesión de 2017.

Ahora justifican su negativa porque sostienen que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal podría entorpecer la futura amnistía, y reclaman además que se aprueben sanciones a las empresas que se fueron de Cataluña en 2017 por temor las consecuencias de la independencia.

Ante la amenaza de bloqueo, el gobierno llegó a buscar el apoyo del primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular. "No acudiré al rescate de Pedro Sánchez", respondió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.