Presión sobre el presidente separatista catalán para convocar elecciones
Sin mayoría parlamentaria desde octubre y sin presupuestos para 2019, el presidente catalán, el independentista Quim Torra, se encontraba este jueves bajo fuerte presión de la oposición para convocar nuevas elecciones en esta región española.
Con el apoyo de los partidos no independentistas y la abstención de los separatistas radicales, la cámara regional aprobó por 62 votos contra 61 una moción criticando su "inoperancia" y reclamándole que "de manera inmediata se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones".
Sin efectos vinculantes, la moción es un aviso a Torra que, por el momento, descartó cualquiera de las dos medidas: "continúamos gobernando con toda la ambición republicana intacta", tuiteó.
Sin embargo, su ejecutivo de coalición entre los dos principales partidos independentistas, Juntos por Cataluña e Izquierda Republicana de Cataluña, pende de la cuerda floja por la pérdida de apoyos, la falta de presupuestos y las diferencias estratégicas en su seno.
En octubre perdieron la mayoría absoluta por la suspensión judicial de algunos diputados encausados por el intento de secesión y la ruptura del partido separatista radical Candidatura de Unidad Popular (CUP).
Desde el inicio de su mandato, en mayo de 2018, solo se aprobaron dos leyes en la cámara y cinco decretos leyes, la mayoría de temas menores.
"Tenemos un gobierno que no gobierna (...), no tienen mayoría y han renunciado a presentar sus presupuestos", atacó la portavoz del Partido Socialista de Cataluña, Eva Granados.
Aunque no apoyó la moción, la CUP también reclamó nuevos comicios y la recrimina no dar pasos adelante hacia la independencia.
Ante la negativa de Torra, la única opción para la oposición sería presentar una moción de censura para formar un gobierno alternativo, algo altamente improbable por las grandes diferencias existentes entre ellos.
Escogido en mayo de 2018 como sucesor del expresidente Carles Puigdemont, destituido por Madrid, Torra prometió retomar el camino hacia la secesión emprendido con el referéndum ilegal y la proclamación de independencia de octubre de 2017.
Sus avances han sido escasos ante las divisiones del movimiento entre los partidarios de la ruptura unilateral y los defensores del diálogo con el gobierno español.
En cambio, ha abanderado batallas simbólicas como la reciente negativa a retirar símbolos independentistas de los edificios gubernamentales como ordenó la Junta Electoral Central, que le valió una querella por desobediencia y podría llevarlo a la inhabilitación para el cargo.