Presidente catalán forma un gobierno sin políticos presos ni exiliados
El nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra, formó este martes un gobierno que no incluye a ningún político independentista encarcelado, huido del país o perseguido por la justicia, para desbloquear la situación política en la región y permitir el levantamiento de la tutela impuesta por el gobierno español.
El político independentista, elegido presidente de la región a mediados de mayo, "firmó un nuevo decreto de nombramientos para formar un gobierno en Cataluña", anunciaron sus servicios en un comunicado.
En su anterior intento, Torra había incluido a dos exconsejeros independentistas encarcelados y dos huidos a Bélgica desde el intento de secesión de Cataluña del pasado otoño.
"Los consejeros encarcelados y exiliados han comunicado al presidente de la Generalitat un mensaje en el que expresan su voluntad de confiar en él y piden que las instituciones catalanas vuelvan a ponerse al servicio del pueblo de Cataluña lo antes posible", explica el texto.
El nombramiento de este nuevo gobierno regional abre en efecto el camino al levantamiento por parte del gobierno español de la tutela que impone a Cataluña en el marco del artículo 155 de la Constitución.
Esa región del noreste de España lleva casi siete meses sin gobierno, después de que el gobierno central asumiera sus competencias el 27 de octubre de 2017, horas después de que el Parlamento de Cataluña proclamara unilateralmente y sin éxito la independencia de una "República catalana".
Torra cambió de opinión 10 días después de su decisión de incluir en su gobierno a los cuatro exmiembros del gobierno regional del expresidente catalán Carles Puigdemont encarcelados o huidos a Bélgica.
Un acto considerado como una "provocación" por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que decidió no publicar los nombres de ningún consejero en el diario oficial, lo que impedía en la práctica constituir el ejecutivo regional catalán.
La formación del nuevo gobierno catalán coincide además con una crisis política en Madrid, donde Rajoy afrontará el viernes una moción de censura presentada por la oposición socialista a raíz de la sentencia del caso Gürtel, un escándalo de corrupción que afectó al gobernante Partido Popular.
Querella
En su comunicado, la presidencia catalana dio la palabra a los exconsejeros que no formarán parte del gobierno regional. "Los consejeros Jordi Turull, Antoni Comín, Josep Rull y Lluís Puig reafirman que siempre han querido formar parte de la solución y no del problema", reza el texto.
Denunciaron además el "mal uso" que se está haciendo, según ellos, "del derecho y la justicia por parte de los tribunales españoles".
Turull (consejero de Presidencia) y Rull (Territorio) siguen en detención preventiva por su participación en el fallido intento de independencia catalana, mientras que Comín (Salud) y Puig (Cultura) siguen en Bruselas y la justicia española, que quiere juzgarlos por "rebelión", reclama su extradición.
En su nuevo gobierno, Quim Torra nombró como portavoz a una economista de 41 años, Elsa Artadi, fiel como él a Puigdemont. Esta doctora en Economía de la universidad estadounidense de Harvard se convierte en su consejera de presidencia.
Lejos de adoptar un tono conciliador, el ejecutivo catalán decidió presentar una querella por "prevaricación" contra Rajoy por haber bloqueado la formación del primer gobierno de Torra y atacar ante la justicia la forma en que se aplicó el artículo 155.
La dirigente en Cataluña del partido liberal y antiindependentista Ciudadanos, Inès Arrimadas, acusó este martes a Torra de haber querido "seguir en el conflicto" con el gobierno central al nombrar a consejeros perseguidos por la justicia. "Debería aceptar la realidad, respetar a todos los catalanes y gobernar dentro del marco democrático pero no lo hará", afirmó en Twitter.
Los independentistas ganaron las elecciones regionales convocadas por el gobierno español en diciembre, con el 47,5% de los votos.
Puigdemont, que sigue en Alemania a la espera de saber si será extraditado hacia España, fue quien consiguió entonces el mayor número de votos en el bando independentista.
Pero frente a los obstáculos judiciales, tuvo que renunciar a lograr la presidencia y designó como sucesor a Torra, un político con poca experiencia que forma parte del ala dura del independentismo y suscitó muchas críticas por viejos artículos ofensivos contra "los españoles".