Pedro Sánchez, reelecto como presidente del gobierno de España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reelegido este jueves, se ha impuesto un programa muy de izquierdas en su nuevo mandato, pero hay dudas de si podrá cumplirlo dada la heterogeneidad política de sus apoyos parlamentarios. 

Mayores impuestos a los más ricos, reducción de la jornada laboral, mayor autonomía regional, promesa de reconocer al Estado palestino..., este es el resumen de los principales compromisos anunciados por el líder socialista.

Fiscalidad

Pedro Sánchez se ha comprometido a aumentar el impuesto de la renta a las personas con ingresos altos y a luchar contra la ingeniería fiscal de las empresas para garantizar un impuesto de sociedades del 15%. 

Bajo la presión de su aliado de extrema izquierda Sumar, también ha previsto hacer permanente el impuesto excepcional y temporal para grupos energéticos y los bancos, introducido el 1 de enero para financiar las subvenciones al poder adquisitivo. 

Este anuncio ha provocado las protestas de los empresarios y probablemente encontrará la resistencia de algunos de los aliados regionales de Sánchez, como el partido nacionalista vasco PNV y el grupo independentista catalán de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya), próximos al mundo empresarial.

Tiempo de trabajo

A iniciativa también de Sumar, Sánchez se comprometió a rebajar la duración legal de la semana laboral de 40 horas a 37,5 en 2025, con una etapa de 38,5 horas en 2024.

Esta reducción del tiempo de trabajo no acarrearía una rebaja salarial y se acompañará de "incentivos" a las empresas que "ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo", explicó Sánchez.

La reducción de jornada, que podría resultar costosa para las empresas con gran necesidad de mano de obra, podría toparse también con la oposición del PNV y Junts.

Más ingresos

El presidente del Gobierno se ha comprometido a prorrogar hasta junio de 2024 la rebaja del IVA en los alimentos básicos introducida el 1 de enero, y que debía finalizar el 31 de diciembre. 

También ha anunciado un nuevo aumento del salario mínimo, que ya subió un 50% desde que llegó al poder hace cinco años, y que el transporte público urbano será gratuito para jóvenes y desempleados a partir del 1 de enero. 

Para combatir la crisis de la vivienda, el nuevo Gobierno quiere aumentar las ayudas financieras a la compra y el alquiler, y construir 183.000 nuevas viviendas sociales. 

Sin embargo, estas medidas tendrán que encajar con las obligaciones de España, que se comprometió con Bruselas a reducir su déficit público al 3% del PIB el año que viene, como exigen los tratados europeos, frente al 3,9% previsto para este año.

Medidas sociales

Se espera que Sánchez aumente los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas, y amplíe el acceso a la educación pública a los niños a partir de los dos años. 

También intensificará la lucha contra la violencia sexual contra los menores, suprimiendo la prescripción de las acciones de responsabilidad civil, que permiten obtener indemnizaciones. 

Por último, el líder socialista quiere animar a la Iglesia católica a "reconocer y reparar" a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, aunque hayan prescrito.

Autonomía territorial

Además de la amnistía para los independentistas catalanes implicados en la tentativa secesionista de Cataluña en 2017, que ha creado polémica y descontento, Sánchez quiere impulsar "un nuevo modelo de financiación" que refuerce la autonomía de las regiones españolas.

Este compromiso político delicado se traducirá en la anulación de una parte de la deuda de las regiones con el Estado central, empezando por 15.000 millones de euros (16.300 de dólares) de la deuda del gobierno catalán.

Política exterior

El jefe del gobierno español aseguró que mantendrá su apoyo a Ucrania "hasta que el último soldado ruso abandone un país que quiere ser libre y europeo".

Por otra parte, prometió trabajar "para que Europa, y por supuesto, España, reconozcamos el Estado palestino", en virtud de una resolución no vinculante adoptada en 2014 por el Congreso español y que había quedado en nada.