Parlamento europeo investigará las muertes de 7,000 ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia
Las muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, en la primavera de 2020, serán investigadas por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
La resolución, que se tomó el miércoles de esta semana, permitirá que se esclarezcan los casos de más de 7,000 ancianos que murieron en esos centros sin recibir asistencia sanitaria. Los familiares y allegados de las víctimas llevan más de tres años luchando por llevar ante los tribunales a las autoridades regionales, a las que consideran como responsables.
La petición partía de Marea de Residencias, una de las asociaciones en las que se han organizado los familiares de los fallecidos. Dos de sus portavoces, María Jesús Valero y Carmen López, fueron las responsables de exponer ante la comisión su petición.
"Fueron víctimas de un sistema caduco y perverso que era el sistema de cuidados y el sistema de las residencias", relató López durante una intervención en la que aseguró que "la pandemia sacó a la superficie todo lo que había detrás de las residencias", que los familiares llevaban años denunciando.
López, que tildó de "masacre" lo ocurrido en las residencias, aseveró que la situación "fue consecuencia en gran medida de la situación anterior que existía" en esos recintos, caracterizados por la precariedad, falta endémica de personal, décadas de infrafinanciación y una mercantilización del servicio, mediante la concesión de plazas públicas a empresas privadas, que derivaron en un panorama de hacinamiento para los usuarios.
El debate estuvo marcado por la negativa del Partido Popular Europeo, en el que se incluye en Partido Popular (PP) de España, y los Conservadores, que engloban a la extrema derecha española (Vox). Finalmente, socialistas, verdes, izquierda y liberales han inclinado la balanza a favor de llevar a cabo la investigación.
En los primeros compases de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, murieron en Madrid 7.291 personas mayores sin recibir asistencia sanitaria, debido a un protocolo establecido en la Comunidad de Madrid que impedía trasladar a centros hospitalarios a los residentes más vulnerables. Ese documento se conoce como 'el protocolo de la vergüenza'.
Quien era en aquella época Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad del Gobierno regional, Alberto Reyero, plasmó todo lo sucedido en un libro titulado "Morirán de forma indigna", una de las frases que usó en aquellas fechas en los correos electrónicos que dirigió a otros Consejeros y altos cargos de la Comunidad de Madrid para expresar su preocupación.
Él era el encargado de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, cuando murieron 9.468 residentes, un 77 % sin ser trasladados a un hospital, en algunos casos sin asistencia sanitaria de ningún tipo, y prácticamente en completa soledad, debido al confinamiento de la población y a la prohibición de visitas de familiares.
"Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos", contaba Reyero el pasado sábado, en la segunda jornada de la comisión ciudadana impulsada por las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia, con el objetivo de buscar la reparación para las víctimas, presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
El polémico documento establecía un triaje que no tenía en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. "Por el simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas, eso ya te excluía, no te permitía ir a un hospital. Igual que ocurría con personas con discapacidad. Una persona con síndrome de Down, con 20 años, directamente no entraba dentro de los requisitos", resumía el exconsejero en una reciente entrevista.
Reyero compareció el pasado mes de junio por segunda vez ante un tribunal, confirmando la existencia del documento. El testimonio del exconsejero fue entonces ratificado por Yolanda Fuentes, que a la sazón era directora general de Salud Pública.
Reyero dimitió en octubre de 2020, por desacuerdos con la gestión de las residencias, mientras que Fuentes dejó su cargo en mayo de 2020, tras rechazar el empeño de la presidenta madrileña de que la región accediese a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad, lo cual, en su opinión, era un paso precipitado.