La ONU denuncia nueva ley británica de orden público

Ginebra, Suiza/La ley de orden público que acaba de aprobar el Parlamento británico "impone restricciones graves e injustificadas" a los derechos humanos, denunció el jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidiendo a Londres que dé marcha atrás. 

Esta nueva legislación tiene por objeto luchar contra las acciones impactantes -como el bloqueo de carreteras, puentes y otras infraestructuras- llevadas a cabo por organizaciones medioambientales, como Extinction Rebellion y Just Stop Oil.

"La aprobación de este proyecto de ley debilita las obligaciones en materia de derechos humanos que el país defiende desde hace mucho tiempo. Pido al gobierno británico que revise esta legislación lo antes posible", dijo Volker Türk en un comunicado.

Según el Alto Comisionado, esta nueva legislación, "profundamente inquietante" -que el Parlamento aprobó el miércoles-, es contraria a las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

"Esta nueva ley impone restricciones graves e injustificadas a estos derechos (...), y es totalmente innecesaria porque la policía británica ya tiene autoridad para actuar contra las manifestaciones violentas y perturbadoras", destacó Türk.

"Es preocupante que la ley amplíe las facultades de la policía para detener y registrar a las personas, incluso sin sospechas", destacó.

Además, "la ley define algunos delitos nuevos de manera vaga y excesivamente amplia e impone sanciones penales innecesarias y desproporcionadas a las personas que organizan o participan en manifestaciones pacíficas", subrayó.

Türk critica en particular las nuevas "órdenes de prevención de perturbaciones graves", que permitirán a los tribunales británicos prohibir a las personas que se encuentren en determinados lugares en determinados momentos, estar con ciertas personas y limitarán su uso de internet.

Según el Alto Comisionado, es especialmente preocupante que se puedan dictar órdenes de ese tipo contra personas que nunca fueron condenadas por ningún delito.