Nacionalistas catalanes y vascos ven terreno fértil en la nueva legislatura de Sánchez

Tras prestarle sus diputados para que gobierne de nuevo, independentistas catalanes y vascos ven la nueva legislatura en España del socialista Pedro Sánchez como una gran oportunidad de avanzar en sus aspiraciones.

En España, las 17 regiones, conocidas como "comunidades autónomas", tienen amplias competencias desde la restauración de la democracia tras el fin de la dictadura franquista en 1975, sobre todo en materia de sanidad y educación. 

Pero el País Vasco (norte) y Cataluña (noreste) tienen aún más. Estas regiones tienen su propia policía, por ejemplo, y su lengua, como la de Galicia (noroeste), es cooficial en el país y es dominante en la educación. 

Este altísimo nivel de autonomía no ha apagado, sin embargo, el sentimiento separatista en Cataluña, escenario de un intento de secesión en 2017, ni en el País Vasco, sacudido hasta 2011 por la lucha armada de ETA y donde los herederos de su vitrina política siguen ejerciendo una influencia considerable. 

En el poder desde 2018, Pedro Sánchez ha tenido que negociar la aprobación de sus reformas con los partidos de estas dos regiones en los últimos años, algo que será aún más necesario después de las últimas elecciones legislativas del 23 de julio, en las que no logró una mayoría clara. 

"Con su voto, los ciudadanos y ciudadanas españoles nos dijeron el pasado 23 julio que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político de su país y también su diversidad territorial", reconoció Sánchez el sábado en un acto de los socialistas europeos. 

Amnistía y cesión de competencias

En consecuencia, estas formaciones están decididas a arrancar todas las concesiones posibles a Sánchez. 

Los independentistas catalanes, por ejemplo, obtuvieron en los últimos días que se impulse una ley de amnistía para sus dirigentes y militantes perseguidos por la justicia por el intento de secesión de 2017, entre ellos Carles Puigdemont.

También lograron que se anulen 15.000 millones de euros (16.300 de dólares) de deudas de Cataluña con el Estado, o la gestión de los trenes en la región, y estiman que ha llegado "la hora de avanzar (...) hacia el referéndum" de independencia, proclamó el presidente regional catalán, Pere Aragonés.

"Se abre una nueva oportunidad y puede ser el momento de dar nuevos pasos" hacia "el autogobierno de las nacionalidades históricas" -País Vasco, Cataluña, y Galicia- reclamó el presidente del gobierno regional vasco, Iñigo Urkullu, del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Su formación obtuvo el viernes nuevas transferencias de competencias del gobierno central.

La nueva legislatura de Sánchez permitirá "establecer el campamento base para la ascensión hasta la república vasca", estimó Sortu, formación que integra la coalición independentista vasca EH Bildu, en un documento interno difundido por el diario El País.

Antes, Sánchez y sus aliados aprobaron el uso del catalán, vasco y gallego en el Parlamento e iniciaron la batalla para que puedan usarse en las instituciones europeas, aunque eso dependerá de sus socios europeos.

Muro infranqueable

Para Ana Sofía Cardenal, politóloga de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), de Barcelona, "los acuerdos fortalecen a estos partidos dentro de sus territorios".

Sin embargo, añadió, "no necesariamente los acercan a sus objetivos; más bien al revés, los devuelven de nuevo al tablero de la política, y por tanto, de lo que es posible". 

"Aunque el PSOE pueda ahora conceder una amnistía, no aceptará un referéndum. Y ese es un muro que tendrán que comerse y explicar a sus seguidores", concluyó Cardenal.

En esa línea, Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional, recordó recientemente en un artículo en El Periódico, que una independencia a las bravas sin acuerdo con Madrid, como la que se intentó en Cataluña en 2017, se toparía con un "muro infranqueable". 

"El artículo 2" de la Constitución, "que proclama la 'indisoluble unidad de la Nación española' es un muro infranqueable, salvo que se produzca una dificilísima reforma constitucional por la vía del artículo 168 de la Constitución". 

Una reforma que exigiría el apoyo de dos tercios de los diputados y los senadores, y no tendría, en consecuencia, ninguna posibilidad de prosperar sin el apoyo, impensable, de la derecha.