Caso Cerrado
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Marsella, Francia/Un tribunal de Marsella (sur de Francia) juzga desde este lunes a 25 personas por el suministro a mataderos de España, Francia e Italia de caballos que habían sido utilizados por el laboratorio Sanofi-Pasteur para fabricar sueros y cuya carne estaba prohibida para el consumo humano.
Durante tres semanas, vendedores de ganado, mayoristas y veterinarios deberán responder de las acusaciones de engaño sobre la calidad sustancial de un producto y falsificación de un documento administrativo, entre otros, en este caso abierto en 2012.
La investigación, abierta en base a una carta anónima, demostró que los caballos del laboratorio granja de Sanofi-Pasteur en Alba-la-Romaine (sureste) acabaron en mataderos de Francia e incluso en los de Verona (norte de Italia) y Barcelona (noreste de España).
Uno de los principales sospechosos es Patrick Rochette, un mayorista de carne francés que suministraba a unos veinte carniceros en el sur de Francia y recuperaba los caballos de la compañía Equid'Aniel, dirigida por el agricultor Fabrice Daniel.
Este último vendía a Sanofi-Pasteur por unos 1.000 euros (1.070 dólares) antes de impuestos los ejemplares retirados de las carreras de caballos, que servían para fabricar sueros antirrábicos, antitetánicos y antivenenos.
Tras su explotación para la fabricación de estos compuestos, Daniel recuperaba al precio de 10 euros (10,7 dólares) estos équidos, la comercialización de cuya carne está prohibida y cuyo destino era una jubilación tranquila.
Sin embargo, terminaban finalmente en las carnicerías, ya que, en las siguientes transacciones, se suprimía de sus documentos de identificación la mención "équidos retirados definitivamente del sacrificio para consumo humano".
De los 185 caballos retirados por Sanofi cuyo rastro siguieron los investigadores, 80 se cedieron a Rochette, por entre 300 y 800 euros por cabeza (entre 320 y 860 dólares).
Dos negociantes españoles, vinculados al mayorista francés, habrían facilitado el sacrificio en España de los caballos que no podían ser abatidos en Francia por irregularidades en sus documentos de identificación.
Según los investigadores, los animales presentaban grandes ganglios y quistes a nivel del cuello a causa de las repetidas inyecciones. Sin embargo, un peritaje determinó una "importante ausencia de riesgos toxicológicos" para los consumidores.