Almas de Fuego
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La justicia escocesa se pronunció este viernes a favor del Gobierno del conservador Boris Johnson al avalar la legalidad del acuerdo que ha alcanzado con la Unión Europea (UE) y que se someterá mañana a votación en el Parlamento de Westminster.
El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la corte civil de mayor rango de Escocia, desestimó la demanda presentada por el activista antibrexit Jo Maugham, que pedía que el pacto fuese declarado ilegal, lo que con probabilidad hubiera paralizado su votación.
Durante una vista de urgencia que ha durado tres horas, el juez Paul Cullen ha escuchado a las partes y no ha hallado razones para determinar que el texto pactado entre Londres y Bruselas infrinja la legalidad, sino que la demanda se adentra en el terreno político, sobre el cual la justicia no puede pronunciarse.
"Es un principio fundamental del derecho constitucional que los tribunales no deben inmiscuirse en los asuntos y procesos legítimos del Parlamento", recogió el magistrado en el veredicto.
Añadió que es la Cámara de los Comunes la que debe "proceder en relación con el proyecto de acuerdo de retirada de la manera y a través de los procedimientos que el Parlamento considere más apropiados".
Maugham, abogado de profesión y fundador de la asociación contraria al "brexit" "The Good Law Project", argumentaba que el tratado viola la legislación en materia impositiva al fijar para la provincia británica de Irlanda del Norte una serie de prerrogativas especiales en materia de comercio.
El tratado contempla que Irlanda del Norte permanezca alineada con ciertas normas del mercado único, aunque dentro del territorio aduanero del Reino Unido, para evitar que se forme una frontera visible con la República de Irlanda y preservar así los acuerdos de paz del Viernes Santo.
Esto significaría que los controles se realizarán a la entrada en la isla en vez de en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
Según Maugham, la medida contraviene la ley presentada por el grupo de parlamentarios conservadores European Research Grupo (ERG), conocido por defender la línea más dura en relación al abandono de la UE.
En concreto, citó la sección 55 de la Ley de Impuestos para el Comercio Transfronterizo de 2018, que recoge que Irlanda del Norte no puede tener reglas aduaneras diferentes a las del resto del país.
Durante su exposición, el abogado que representó al demandante, Aidan O'Neill, ahondó en la idea de que, si el tratado prospera, significaría que Irlanda del Norte, aunque fuera de la UE, seguiría de alguna forma sujeta a la legislación comunitaria por estar alineada con ciertas normas del mercado único, un estatus que no tendría el resto del Reino Unido.
El demandante afirmó en Twitter que no tiene intención de recurrir la decisión y explicó que tomó la decisión de presentar la querella este jueves, horas después de que se conociera el pacto negociado entre el Ejecutivo británico y los líderes de la UE.
Precisó que su intención era esclarecer las dudas sobre la legalidad del acuerdo, ya que una vez este se presente ante la cámara británica "es imposible impugnarlo".
"Fue una decisión difícil de tomar. Es difícil moverse con rapidez y precisión y, según el tribunal, me equivoqué de decisión", señaló.
Maugham forma parte del grupo que ha presentado otra demanda ante la justicia escocesa, que busca obligar judicialmente a Johnson a solicitar una extensión de la fecha de salida si mañana el acuerdo no recibe el visto bueno de Westminster.
Está previsto que el lunes se celebre una vista en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo para, en función de lo que pase este sábado, evaluar la actuación del "premier".
Johnson apura las últimas horas antes de la crucial votación para tratar de reunir una mayoría parlamentaria que aún no tiene asegurada, cuando faltan tan solo trece días para el 31 de octubre, la fecha prevista para abandonar la UE.