Interrogan a FCC como investigada por comisiones para obras en Panamá

Aproximadamente hora y media duró el interrogatorio realizado este viernes 22 de noviembre, a la constructora española FCC en la Audiencia Nacional de España, como investigada en la causa por presunta corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales, por pago de 82 millones de euros en comisiones para adjudicarse contratos públicos en Panamá.

No acudió nadie de la empresa, solo los abogados que representan a las tres filiales, FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias, las cuales son sospechosas de participar en un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht, que generó sobrecostos en los contratos de suministro de acero para el Metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria.

Fuentes jurídicas confirmaron que las partes han contestado el interrogatorio al juez.

Aunque en principio se informó que se había citado a un testigo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción al que se le vincula a una de las sociedades panameñas usadas por Odebrecht para el supuesto pago de sobornos, no fue localizado y no pasó este viernes por la Audiencia Nacional.

Los medios de comunicación no han tenido acceso a lo que ha ocurrido dentro de la audiencia.

El juez Ismael Moreno, quien lleva la causa es conocido por su silencio y las pocas filtraciones que se producen en sus casos.

En tanto, se presume que el juez siga investigando y posiblemente llame a declarar a algún testigo.

El titular del juzgado central de instrucción número 2 investiga la posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015, a partir de una querella interpuesta en el año 2017, contra un asesor jurídico de la compañía Odebrecht.

En este sentido y según los investigadores, Odebrecht se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear dinero procedente de los sobornos abonados por varias constructoras para obtener las adjudicaciones.

Con relación a las obras del Metro de Panamá, la Fiscalía sostiene que los integrantes del consorcio crearon un sistema de corrupción, a través del cual sobredimensionaron el suministro de acero necesario para la construcción del metro, facturando al doble de su precio.

El objetivo de esta maniobra sería supuestamente abonar las ganancias ilícitas en pagos encubiertos como comisiones comerciales y a terceros, políticos y empleados públicos.

De acuerdo con EFE, a mediados de año, FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con estos hechos, y aportó 38 facturas y transferencias emitidas entre los años 2010 y 2014 por un importe de 82.768.849 euros.

En dichas denuncias, FCC señalaba que ninguno de estos servicios se prestó, porque no se había localizado el rastro de los trabajos encomendados y abonados al ciudadano español-panameño Mauricio Cort, que sòlo había facturado para dal la cobertuta a los pagos por adjudicación de los contratos.

El Juez Moreno recordó en su resolución judicial que la responsable de la asesoría de FCC aseguró a Anticorrupción que los documentos que adjuntaba mostraban la salida de los fondos hacia Cort, al que se le considera testaferro del expresidente Ricardo Martinelli.

Con información de la agencia EFE e Ignacio Ojeda, corresponsal TVN-España