Impopular reforma de pensiones avanza en Francia, a la espera de voto de los diputados

París, Francia/La impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron recibió este jueves el primer visto bueno del Parlamento, aunque continúa la incertidumbre sobre si obtendrá en la tarde los votos cruciales de los diputados tras semanas de protestas masivas.

El Senado lanzó esta jornada clave para el resto del mandato de Macron, que corre hasta 2027, con la adopción de la reforma gracias a los votos del oficialismo y de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR), que controla la cámara alta.

"El Senado acaba de aprobar la reforma de las pensiones (...) Estaremos esta tarde en la Asamblea Nacional [a partir de las 14H00 GMT] con la misma voluntad de que esta reforma esencial salga adelante", tuiteó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt.

El gobierno quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.

Pero más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.

Desde el miércoles por la noche, multiplica las reuniones de crisis con el gobierno y los grupos oficialistas para asegurarse que existe una mayoría, que evitaría activar un polémico procedimiento parlamentario: el artículo 49.3 de la Constitución.

Este le permitiría la adopción de la reforma sin el voto de los diputados, que sólo podrían frenarla si aprueban una moción de censura contra el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne. Algunos ya avanzaron que presentaran mociones.

Someter la reforma al voto de los diputados y perderlo "obstaculizaría gravemente" el "resto de su mandato", pero recurrir al artículo 49.3 "reforzaría la imagen de 'brutalidad' de su poder y alimentaría la crisis social", advirtió el diario liberal L'Opinion.

Ante esta disyuntiva, la diputada oficialista Aurore Bergé abogó en la cadena CNews por "ir al voto" y consideró que la disolución evocada la víspera por Macron en caso de revés, según los participantes a una reunión, permitiría obtener una "aclaración".

Pero convocar nuevas elecciones legislativas, menos de un año después de las últimas, sería una apuesta arriesgada, máxime cuando el partido ultraderechista de Marine Le Pen, opuesto a la reforma, aparece reforzado, según los observadores.

"Marchen sobre París"

Las miradas están puestas en un puñado de diputados oficialistas que podrían abstenerse y en "una veintena" de legisladores de LR que, según el senador derechista Bruno Retailleau, votarían en contra.

Los sindicatos llamaron "solemnemente" a los parlamentarios a votar contra una reforma "injusta" y contra la que manifestaron el 7 de marzo entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.

Sin embargo la contestación parece caer, a medida que los franceses reconocen que se acabará aplicando esa ley. Y las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continúan, aunque con menos fuerza.

El gobierno ordenó además requisar el personal municipal de recogida de basuras de París para que retiren las 7,600 toneladas acumuladas en la capital, al término de un pulso con la alcaldesa Anne Hidalgo que apoya a los huelguistas.

Pero los opositores no tiran la toalla. "Llamo a todos los que se oponen a esta reforma a que marchen sobre París (...) No dejen que les roben dos años de vida", tuiteó el miércoles el diputado izquierdista Thomas Portes.

Los principales líderes sindicales se congregarán a las 12H30 (11H30 GMT) ante la Asamblea para realizar un último llamado a los diputados y se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.

En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.