FCC declara este viernes como investigada por comisiones para obras en Panamá
Madrid/La constructora española FCC declara este viernes en la Audiencia Nacional como investigada en la causa por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales a raíz del pago de 82 millones de euros (90.7 millones de dólares) en comisiones para la adjudicación de contratos públicos en Panamá.
Está previsto que a las 9:30 horas dé comienzo el interrogatorio del juez Ismael Moreno al representante legal de las tres filiales (FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias), sospechosas de participar en un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht que generó "sobrecostes" en los contratos de suministro de acero para el metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton.
También está citado para ese mismo día un testigo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción al que se le vincula a una de las sociedades panameñas usadas por Odebrecht para el pago de sobornos.
El titular del juzgado central de Instrucción número 2 investiga la posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015, a partir de la querella interpuesta en 2017 contra un asesor jurídico de la compañía brasileña.
A tenor de los investigadores, Odebrecht se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.
Por lo que respecta a las obras del metro de Panamá, la Fiscalía sostiene que los integrantes del consorcio crearon un sistema de corrupción que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá, facturando al doble de su precio.
Una maniobra que tendría por objetivo abonar "esas ganancias ilícitas en pagos encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos", a través de una secuencia de sociedades instrumentales.
No obstante, la investigación ha desvelado "dos circuitos de pagos de dádivas distintos, ya sean los contratos del metro, los de la Ciudad de la Salud o los de la Ciudad Hospitalaria", que confluyeron sólo en algunos casos en las mismas sociedades, testaferros y entidades bancarias.
A mediados de año, FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con estos hechos, y aportó 38 facturas y transferencias emitidas entre los años 2010 y 2014 por un importe de 82.768.849 euros.
En sus denuncias, FCC señalaba que ninguno de estos servicios se prestó, ya que no se ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Mauricio Cort, ciudadano español y panameño que sólo habría facturado para dar cobertura a los pagos por la adjudicación de contratos de obra civil.
El juez Moreno recordaba además en su auto que la responsable de la asesoría jurídica de FCC aseguró a Anticorrupción que los documentos que adjuntaba mostraban la salida de fondos de la compañía hacia Cort, considerado testaferro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.