Expresidente Sarkozy no descarta ir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras su condena

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, dijo ser víctima de una "injusticia" tras su condena a un año de cárcel en firme por corrupción y no descarta ir ante el TEDH, según una entrevista que dio al diario Le Figaro.

"Sentí una injusticia profunda", dijo Sarkozy en una entrevista publicada el martes por la noche, al día siguiente de haber sido condenado a tres años de cárcel, uno de ellos en firme, por corrupción y tráfico de influencias.

"No puedo aceptar que se me condene por lo que no he hecho", apuntó el exmandatario francés (2007-2012) en su primera entrevista tras su condena, en la que denunció una sentencia "plagada de incoherencias" y "sin pruebas".

Sarkozy fue condenado por haber intentado corromper, junto con su abogado Thierry Herzog, al juez Gilbert Azibert, cuando éste era juez del Tribunal Supremo.

Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Bettencourt.

A cambio, habría ofrecido a Azibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo consiguió.

Los jueces dictaminaron que hubo un "pacto de corrupción" entre los tres hombres.

Sarkozy apeló la condena, lo que suspende la ejecución provisional de la pena que había sido conmutada a arresto domiciliario con brazalete electrónico, pero no excluye ir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Sería doloroso para mí que condenaran a mi propio país, pero estoy dispuesto a hacerlo", añadió.

Retirado de la política desde 2016 pero todavía muy popular en la derecha francesa por su estilo combativo y su discurso duro sobre la delincuencia y la inmigración, Sarkozy tiene varias cuentas pendientes ante la justicia.

El 17 de marzo está previsto que se enfrente a un segundo juicio en el caso "Bygmalion", relativo a los gastos de su campaña presidencial de 2012.

También ha sido acusado de haber recibido millones de euros del dictador libio Muamar Gadafi para su campaña electoral de 2007.

Y en enero, los fiscales abrieron otra investigación sobre presunto tráfico de influencias por sus actividades de asesoramiento en Rusia.