España quiere adelantar un año la aplicación del pacto migratorio europeo
Los 27 Estados miembros de la Unión Europea adoptaron en mayo una amplia reforma que endurece el control de la inmigración y cuya entrada en vigor estaba prevista a mediados de 2026.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abogó este miércoles por adelantar un año, al verano de 2025, la entrada en vigor del pacto migratorio europeo, en un momento en que las islas Canarias afrontan una oleada de llegadas de inmigrantes irregulares.
"Vamos a reclamar una política corresponsable y solidaria en Bruselas, exigiendo que toda Europa se implique de manera efectiva en la gestión de los flujos migratorios que reciben los países del Mediterráneo", afirmó el líder socialista en un discurso en el Congreso de los Diputados.
A tal efecto, "vamos a pedir a la Comisión Europea que adelante la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo", para que sus disposiciones sobre "control fronterizo, de reparto de personas migrantes, empiecen a usarse en el verano del año 2025 y no en el verano de 2026, como está previsto", añadió.
Los 27 Estados miembros de la Unión Europea adoptaron en mayo una amplia reforma que endurece el control de la inmigración y cuya entrada en vigor estaba prevista a mediados de 2026.
Este pacto europeo prevé reforzar los controles en las fronteras con trámites destinados a facilitar la devolución de inmigrantes sin derecho a asilo. Asimismo, instaura un sistema de solidaridad entre los países para hacerse cargo de los solicitantes de asilo.
Los 27 países de la Unión Europea tienen hasta diciembre para prepararse para aplicar el pacto.
La demanda de Sánchez se produce mientras las autoridades españolas afrontan desde hace meses un incremento notable de la llegada de inmigrantes a las islas Canarias, situadas frente a las costas del noroeste de África, que ya se tradujo en varios naufragios trágicos.
Así, en los nueve primeros meses de 2024, 30.808 migrantes -un 12% de ellos menores- llegaron al archipiélago canario, el doble que en el mismo periodo del año pasado, según datos del ministerio de Interior español.
Ante estas llegadas, las autoridades regionales canarias -que tienen a cargo actualmente a 5.500 menores cuando solamente disponen de capacidad para ocuparse de 2.000- se dicen desbordadas y reclaman más solidaridad a las otras regiones españolas.