Detectan uso de fondos públicos para promocionar la independencia de Cataluña

El Tribunal de Cuentas español aprobó este jueves un informe sobre las oficinas del Gobierno regional de Cataluña en el extranjero, que concluye que una parte de los fondos públicos que gestionaban podrían haber ido destinados a promocionar el proceso independentista en esa comunidad autónoma española.

Se trata de los fondos con los que operaba el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno del entonces presidente español Mariano Rajoy suprimió a finales de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según la información a la que tuvo acceso Efe, el Tribunal detectó la falta de documentación que justificara el elevado volumen de gastos acometidos, especialmente en las delegaciones catalanas en el exterior, cuya acción en los últimos años estuvo dirigida a promover una modificación del estatus de Cataluña, es decir, a conseguir su independencia.

De 2011 a 2017 se gastaron al menos 416,8 millones de euros en acción exterior, cantidad que podría ser superior porque hay conceptos que no han podido ser determinados.

Ese es el caso, por ejemplo, de los gastos de personal de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea (Saeue) del departamento de la Presidencia (2011-2015), cuyas actividades estaban dirigidas, en muchos casos, a finalidades ajenas a sus competencias, por ejemplo dar a conocer, impulsar, publicitar y conseguir el respaldo internacional al proceso independentista.

También se realizaron contratos sobre materias ajenas a la competencia de la Saeue y se concedieron subvenciones de manera directa, sin concurrencia pública, a entidades que promocionaban el proceso soberanista, al tiempo que se desviaron a la acción exterior subvenciones directas para la cooperación internacional.

Las llamadas "embajadas" catalanas actuaron al margen de sus competencias y fuera de su respectivo ámbito geográfico, incumpliendo sus funciones, y los presupuestos asignados no recogían todos los gastos imputables, como los alquileres de algunas sedes.

El desembolso total de estas delegaciones exteriores durante el periodo fiscalizado ascendió, al menos, a 27,2 millones de euros, dice el Tribunal, que considera que se realizaron gastos "cuya finalidad y justificación, en la práctica, es imposible".

Entre 2013 y 2016 se encontraron 456 actividades relacionadas con el proceso soberanista, aunque podría haber "muchas otras".

Del mismo modo, el órgano fiscalizador avisa de un "incumplimiento sistemático y generalizado" de las normas sobre contratación aplicables a las delegaciones catalanas en el exterior.

En este sentido, destaca el caso de la delegación en Estados Unidos, que procedió a la contratación de empresas de "lobby" por 100.000 euros, una de las cuales había sido también contratada por el Diplocat por 1,4 millones de euros.

Diplocat carecía de un órgano propio de control económico y financiero interno, que era obligatorio a partir de 2017, y la auditoría de sus cuentas la realizaba una empresa privada, que además prestaba servicios de asesoramiento contable, lo que podría afectar a su independencia.

En los años fiscalizados, el Diplocat gastó 15,8 millones y el 74,3 % de sus actividades tenían como finalidad promocionar, promover o impulsar el proceso independentista.

El informe contiene detalles de 45 viajes internacionales de cargos públicos, que costaron 479.633 euros, vinculados a la promoción del proceso soberanista.