Demandan al Estado español en un tribunal europeo por la exhumación de Franco

Los nietos del dictador español Francisco Franco han presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Estado español por la exhumación y traslado de su abuelo fuera del monumento del Valle de los Caídos, donde estaba enterrado desde que murió, en 1975.

Los restos fueron llevados el 24 de octubre de 2019 a un cementerio de la periferia de Madrid por una decisión del Gobierno, que preside el socialista Pedro Sánchez, basado en una reforma de 2018 de la ley de memoria histórica y en varias resoluciones judiciales.

Tras sublevarse con otros generales contra el Gobierno de la II República, Franco lideró la facción ganadora de la Guerra Civil (1936-1939), impuso una dictadura y ordenó construir la basílica y monasterio del Valle de los Caídos, donde yacen los restos de miles fallecidos de los dos bandos de la contienda.

Los nietos de Franco, sus familiares vivos más próximos, entienden que los acuerdos del Consejo de Ministros de febrero y marzo de 2019 que aprobaron la exhumación e inhumación posterior y las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que los confirmó contravienen el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según informaron este jueves sus abogados, la familia alega que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar, la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo.

Los demandantes estiman que la exhumación se realizó según una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad exigidos por dicho convenio europeo.

Consideran, que bajo la apariencia de una legislación general e imparcial, la reforma de la ley de memoria histórica no tenía otro objetivo que el de proceder exclusivamente a la exhumación.

Por eso, argumentan, se trata de una ley singular que altera y disminuye las garantías del derecho a disponer de los restos mortales de los familiares fallecidos.

Según la demanda, en los acuerdos del Ejecutivo se fijó arbitrariamente "un lugar de titularidad estatal contra la expresa voluntad de la familia", en alusión al panteón donde Franco fue enterrado, y donde ya estaban los restos de su esposa.

Los familiares aseguran que se ven obligados a solicitar autorización del Gobierno cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos, de manera que se ha vulnerado, inciden, el derecho de las personas a decidir sobre el destino de los restos mortales de sus familiares.