Enfermera de Chávez alega persecución política en su reclamación para ser extraditada a Venezuela

Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, ha alegado ser objeto de una persecución política por parte de las autoridades de su país en la reclamación cursada a España para ser extraditada a Venezuela por presuntos delitos de blanqueo.

De este modo ha tratado Díaz Guillén de convencer a los magistrados de la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional -que hoy han celebrado la vista para decidir sobre su extradición- que no debe ser entregada a Venezuela, de donde salió en 2013 poco después de la muerte de Chávez.

La Fiscalía, por contra, ha defendido la entrega de la reclamada porque, sin entrar en el fondo de los hechos que se le imputan, considera que se dan los requisitos necesarios para aceptar la extradición, sobre la que el tribunal resolverá en los próximos días.

En la vista, el abogado de Díaz Guillén, Ismael Oliver, ha expuesto que existen "fundadas sospechas de persecución política" y "serias dudas" sobre la validez de la reclamación, ya que la orden de detención que llevó al arresto de la enfermera fue anulada meses después por una instancia judicial superior sin que Venezuela lo haya comunicado.

Por ello, cree que las autoridades de Venezuela han tratado de engañar a la Justicia española, quebrando el principio de confianza mutua entre Estados, lo que ya de por sí cree que sería suficiente para rechazar la entrega.

El letrado ha añadido, además, que la causa abierta contra su defendida procede de una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), "un órgano que está sancionado y cuestionado por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos" por los métodos empleados, lo que cuestionaría también la reclamación.

Cuando el abogado proseguía su alegato sobre las connotaciones políticas de esta extradición y la situación en Venezuela, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le ha advertido de que en ningún caso pueden los magistrados entrar en el fondo de la reclamación, si bien ha apuntado que la misma pasó el filtro del Consejo de Ministros español que dio luz verde a su tramitación.

Díaz Guillén fue detenida en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, si bien su extradición se tramita en un procedimiento aparte para el que aún no ha sido señalada la fecha de la vista.

Tras su detención, el matrimonio fue puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que dejó en libertad a ambos con la prohibición de salir de Madrid mientras se decide sobre su entrega como única medida cautelar.

Al finalizar la vista, el abogado de Díaz Guillén ha explicado a los periodistas que el matrimonio compró una casa en Madrid en la que reside.

Ha indicado que, al ser reclamados ambos por delitos de blanqueo, España, como se hace habitualmente en extradiciones por este tipo de delitos, abrió una investigación en el servicio de prevención de blanqueo de capitales (Sepblac) para determinar la procedencia de su patrimonio sin que aparezcan sospechas de blanqueo.

Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del régimen como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN) de donde fue cesada al mes de que falleciera el presidente.

El abogado atribuye ese cese a la negativa de su defendida a acatar las órdenes de Nicolás Maduro, lo que le llevó a enfrentarse con el régimen por haber rechazado hacer firmar supuestamente documentos a Chávez cuando estaba ya en su lecho de muerte.

Su marido también fue amenazado por el régimen y los dos, por seguridad, decidieron salir de Venezuela.

Este es el motivo por el que el letrado cree que la reclamación está amañada por el régimen, que asegura no ha aportado prueba alguna de los delitos de los que se acusa al matrimonio, aprovechando el escándalo de los llamados "papeles de Panamá".

Según la reclamación, el matrimonio contaría con sociedades en ese país, acusación que el abogado desmiente y solo reconoce la existencia de dos sociedades que fueron abiertas por su marido porque él y su familia se dedicaban a los negocios, lo que no sería ilegal ni constituiría delito de blanqueo, en opinión de la defensa.