Un juez dominicano dictará hoy medidas contra los acusados de sobornos en Odebrecht
El juez dominicano que conoce las medidas contra funcionarios, políticos y empresarios acusados de supuestamente aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, anunciará su decisión hoy, tras una audiencia de más de 14 horas la víspera.
El magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dijo que dada la "extraordinaria" cantidad de presupuestos y papeles que deberá conocer previo al fallo, fijaba su sentencia para las 16:00 horas locales (20:00 GMT) del miércoles.
Ortega argumentó que ya era muy tarde para continuar con el proceso, y que resultaba "humanamente imposible" emitir un fallo tras la maratoniana sesión.
Durante la audiencia todos los abogados de la defensa, y los propios imputados, rechazaron las acusaciones del Ministerio Público, en el sentido de que se habrían repartido 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, tal y como afirmaron ejecutivos de Odebrecht desde Brasil.
El grupo de 14 acusados incluye al ministro de Industria y Comercio dominicano, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor), Andrés Bautista García; los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galan, así como el diputado del PRM, Alfredo Pacheco.
Estos tres últimos asisten a las audiencias, pero gozan de fuero parlamentario, por lo que no fueron arrestados como las otras diez personas por órdenes de Ortega el 29 de mayo pasado. Uno de los imputados, Bernardo Castellanos de Moya, se encuentra fuera del país.
Otro acusado es el empresario Ángel Rondón Rijo, considerado el eje de los sobornos que otorgó Odebrecht en el país entre 2001 y 2014, para agenciarse las adjudicaciones de infraestructuras públicas.
Además, los exvicepresidentes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Al grupo, que ha negado, por separado, vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El empresario Rondón dijo al juez que sus relaciones con la multinacional eran solo de tipo comerciales, y reveló que quien introdujo a Odebrecht en este país caribeño fue el expresidente brasileño Fernando Henrique de Cardoso.
El Ministerio Público reiteró en la audiencia su petición de que a los imputados se les impongan medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva, además de asegurar que los acusados figuran con menciones específicas en los datos suministrados por Odebrecht y las autoridades de Brasil.
En ese sentido, destacó que esos indicios son "serios y graves", por lo que "ameritaban" una investigación a fondo y la correspondiente solicitud de medidas de coerción.
El arresto de los acusados se produjo poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados a nivel local.