Denuncian que responsables de desalojo mortal en Jartum siguen en el poder
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que al cumplirse este miércoles un año del mortal desalojo de una acampada de protesta en Jartum todavía no hay justicia para las víctimas y quienes permitieron la masacre están en el Gobierno transitorio.
"Los actores que ordenaron y permitieron el sangriento desalojo aún están en el poder hoy y lo que estamos viendo es que el comité investigador nombrado por el Gobierno ha tomado muchísimo tiempo, ya ha pasado un año y ni siquiera han publicado su informe final", dijo a Efe la directora de HRW para el este de África, Jehanne Henry.
La acampada nació días antes de la deposición del dictador Omar al Bashir en abril de 2019 y continuó para pedir un gobierno civil hasta el 3 de junio, cuando las fuerzas de seguridad dieron comienzo a la masacre de 128 personas, según la plataforma entonces opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio, hoy parte del Ejecutivo.
La Fiscalía redujo posteriormente la cifra a 87 fallecidos en un informe rechazado por los movimientos prodemocracia.
Henry explicó que los atacantes pertenecían a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), antigua milicia ahora parte de las tropas sudanesas y cuyo líder Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, es actualmente el número dos del Consejo Soberano, máximo órgano de la estructura de poder transitoria del Estado.
"Hoy, un año después, mayoritariamente la misma gente está en el Consejo Soberano y posiciones de liderazgo", denunció la directora regional de HRW.
Por otro lado, llamó al comité investigador a que divulgue "rápidamente" un informe final "transparente" y "público", y que identifique a las personas involucradas al más alto nivel, al tiempo que pidió al fiscal general y otras figuras judiciales que presenten cargos "apropiados" cuando llegue el momento.
La comisión tenía que haber entregado su informe en un plazo de tres meses, pero solicitó prórrogas que fueron concedidas y que deberían expirar el 22 de junio, si bien debido al coronavirus las conclusiones no se presentarán en esa fecha.
A juicio de la activista, lograr justicia por el asalto es "claramente una suerte de prueba para esta transición" de tres años liderada por los militares que depusieron a Al Bashir y las Fuerzas de la Libertad y el Cambio.
HRW estima que al menos 64 mujeres fueron violadas durante la violencia que se extendió hasta el 18 de junio, pero Henry destacó que el comité no tiene mujeres ni expertos en violencia sexual, por lo que es probable que muchas víctimas se hayan negado incluso a hablar con ellos.
"Tenemos un montón de testimonios de gente que o bien lo experimentaron por sí mismos o fueron testigos de ello. Soldados y hombres uniformados rodeando a gente, niñas y mujeres y violándolas en varios puntos del área de la sentada y las calles más allá", denunció.
En su nota, la ONG concluyó que las acciones perpetradas durante el desalojo de la sentada podrían ser consideradas como "crímenes de guerra" por formar parte de una práctica establecida de uso "excesivo, incluyendo letal" de la fuerza contra manifestantes desarmados.
En julio del año pasado, la Fiscalía sudanesa anunció que tomaría medidas legales contra nueve oficiales de alto rango por "crímenes contra la humanidad" por su participación en el desalojo violento.
