Corte de Guatemala rechaza pedido de fiscalía para procesar al presidente

La máxima instancia de justicia de Guatemala rechazó este jueves un pedido de la fiscalía para procesar al presidente Bernardo Arévalo y destituir a algunos de sus funcionarios.

"Sin lugar la solicitud", señaló la Corte de Constitucionalidad en una resolución, al rechazar el pedido de la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, quien desde 2023 mantiene una pugna con Arévalo.

El 31 de julio Porras pidió a la Corte iniciar un proceso de retiro de la inmunidad de Arévalo para procesarlo por supuestamente "no cumplir" con un fallo de mayo de esa instancia que exigía al presidente y a otros funcionarios abstenerse de acciones contra ella, cuyo mandato vence en mayo de 2026. 

Estados Unidos y la Unión Europea consideran a la fiscal "corrupta" y "antidemocrática" y han criticado la cruzada que inició en 2023 contra Arévalo y su partido socialdemócrata Semilla, que fue inhabilitado por la justicia.

"Hoy, por unanimidad y apegado a derecho, la Corte de Constitucionalidad ha declarado sin lugar la solicitud [...] formulada por la fiscal general", señaló en la red X el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, uno de los funcionarios incluidos en el pedido de Porras.

Arévalo, en el poder desde enero, carece de facultad para remover a Porras, pero ha pedido públicamente su renuncia al considerar que sus acciones "corruptas" vulneran la democracia en el país.

Un día después del pedido de Porras, el presidente pidió a la Corte Suprema iniciar un proceso para quitar la inmunidad a la fiscal y reclamó a la Corte de Constitucionalidad revocar el amparo que le había otorgado a Porras en mayo.

Ambas solicitudes fueron rechazadas. La Corte Suprema lo hizo el 14 de agosto y la Corte Constitucional este jueves, en el mismo fallo que rechazó la solicitud de la fiscal.

El presidente también presentó en mayo una iniciativa de ley para obtener la facultad de remover a la fiscal, pero el proyecto no ha avanzado en el Congreso. 

Desde 2022, Porras ha ordenado investigaciones contra decenas de exfuncionarios de justicia que investigaron casos de corrupción, periodistas, activistas y críticos del gobierno anterior del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).