Víctimas de la guerra salvadoreña exigen al Estado que responda por sus crímenes

Un grupo de organizaciones de familiares y víctimas de los crímenes de guerra civil de El Salvador (1980-1992) presentó hoy una propuesta de Ley de Reparación Integral, con la que buscan que el Estado "responda por los crímenes que se que cometieron en el conflicto", entre ellos las desapariciones.

Los familiares y víctimas se concentraron en el parque Cuscatlán de San Salvador desde donde partieron en un marcha hacia las instalaciones de la Asamblea Legislativa, en donde fueron recibidos por la diputada del Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) Nidia Díaz, quien acompañó la propuesta de las víctimas.

Roxana Concepción Benítez, una de las víctimas que participó en la actividad, aseguró a Efe que "ya es tiempo de la reparación y que las autoridades correspondientes nos respondan, porque son muchos hermanos, padres y madres que aún están desaparecidos y por los que aún luchamos".

Benítez indicó que es necesario que los diputados del Congreso salvadoreño los apoye analizando y, posteriormente, aprobando esta ley, que, según ella, "beneficiará a todas aquellas víctimas de la guerra que están en el olvido".

La mujer es la quinta de siete hermanos; su hermano menor identificado como José Tito Benítez desapareció el 11 de noviembre de 1981, en la localidad de Mejicanos (norte), lugar en donde residía junto a su familia.

Benítez explicó que a su hermano "lo llegaron a sacar de la casa cuando tenía 17 años y hasta el momento no se sabe dónde está; lo único que se supo, tres años después de su desaparición, es que miembros de los escuadrones de la muerte y de Policía Nacional se lo llevaron".

Según explicó a Efe el coordinador de la organización salvadoreña de derechos humanos Tutela Legal "María Julia Hernández", Ovidio Mauricio, la propuesta presentada hoy "propone la creación de un fondo de reparación, un registro de víctimas y distintas medidas de reparación simbólicas y materiales".

Agregó que el proyecto responde a una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y a la sentencia de julio de 2016 sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, en la que se ordena "considerar las medidas de reparación integral para las víctimas".

En la actividad también participó la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, quien instó a los diputados a aprobar dicha ley para "dar respuesta a las miles de víctimas que dejó el conflicto armado".

Durante los 12 años de guerra, en la que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de este país, financiado por Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000, según cifras oficiales.