Suspenden juicio contra militares por desapariciones durante la guerra civil en Guatemala
El proceso ha estado estancado ocho años e inició en 2016 con la detención de militares vinculados a desapariciones forzadas y otros vejámenes cometidos en Cobán (norte) y municipios aledaños de población indígena, entre 1978 y 1990.
Una sala de apelaciones de Guatemala suspendió este martes el inicio del juicio contra ocho militares retirados señalados de desapariciones forzadas durante la guerra civil (1960-1996), un caso relacionado con el hallazgo de osamentas de más de 500 personas en una antigua base militar.
Al otorgar un amparo a favor de uno de los implicados, la sala dejó "sin efecto ni validez legal" la decisión de un juzgado de llevar el caso a juicio -en una fecha que aún no estaba definida- y lo regresó a la fase de investigación, según la resolución de este martes.
El fallo anuló también la prisión preventiva de los militares acusados, entre ellos el general retirado Benedicto Lucas, de 92 años, exjefe del Estado Mayor del Ejército y quien desde abril es juzgado, en otra causa, por el genocidio de indígenas durante la guerra.
El proceso ha estado estancado ocho años e inició en 2016 con la detención de militares vinculados a desapariciones forzadas y otros vejámenes cometidos en Cobán (norte) y municipios aledaños de población indígena, entre 1978 y 1990.
Los restos de más de 500 personas fueron exhumados entre 2012 y 2015 en el complejo donde ahora funciona el Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz para misiones de la ONU del Ejército (Creompaz), en Cobán, considerado por oenegés como "el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica".
"Lamentamos que (la sala) haya beneficiado de esta manera a militares acusados de crímenes de guerra", dijo el presidente de la querellante Asociación Familiares de Detenidos de Guatemala (FAMDEGUA), Paulo Estrada, quien anunció que apelarán el fallo.
El amparo también benefició al exdiputado y coronel retirado Edgar Ovalle, prófugo desde 2017.
"El amparo no anula el caso (...) lo que hace es reconducir el debido proceso", dijo a periodistas el abogado Moisés Galindo, defensor de los militares, que alegaron, entre otros aspectos, que el juzgado "no tenía competencia" para conocer el proceso.
Lucas está recluido desde 2017 en un hospital, donde cumple una condena a 50 años de cárcel por la desaparición forzada de un joven y la violación y tortura de su hermana cuya familia era señalada de "subversiva", en 1981.
El otro juicio que enfrenta, y que está en su fase final, es por su papel en las matanzas de más de 1.200 indígenas mayas ixiles entre 1978 y 1982, mientras gobernaba en Guatemala su hermano, el entonces presidente Romeo Lucas García.
La guerra guatemalteca dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según una comisión auspiciada por la ONU, la mayoría a manos de los militares, que acusaban a los indígenas de ser colaboradores de la guerrilla
