La SIP critica que Guatemala someta al Congreso el acceso a la información

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este jueves su preocupación por una reforma legislativa en Guatemala que podría debilitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública al crear una nueva oficina para tal fin subordinada al Congreso.

"La ley (actual) está funcionando y una reforma debería estar destinada a hacerla más operativa y eficiente, nunca a debilitarla", manifestaron Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo.

Señalaron que desde su fundación a fines de la década de 1990 la SIP ha promovido un movimiento para incorporar leyes de acceso a la información pública en los países latinoamericanos.

Dicho derecho se encuentra amparado en una ley que la SIP promovió y respaldó desde su promulgación en 2008 en Guatemala, por considerarla "una herramienta esencial para exigir al gobierno debida transparencia y rendición de cuentas".

El organismo recalcó que para la implementación de estas leyes deben ser organismos autónomos los que estén a cargo para evitar intereses políticos o de los funcionarios de turno.

De igual forma deben consignar principios de apertura y transparencia, un régimen de excepciones previamente establecidas y un proceso expedito de entrega de información.

Deben también proveer la infraestructura necesaria, y responsables con independencia para hacer cumplir la ley.

Canahuati y Jornet remarcaron la importancia de que las solicitudes de los ciudadanos sean tramitadas por organismos autónomos que puedan dar garantías de ecuanimidad.

Agregaron que "tal como está" el sistema actual es eficiente, como lo demostró un informe reciente de la Procuraduría que situó en 86.715 los pedidos de información pública en 2019, muy superior a las 11.289 solicitudes del primer año de funcionamiento.

La nueva iniciativa para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en Guatemala crea la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública, organismo que estaría subordinado al Congreso.

El actual organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), recordó la SIP, con sede en Miami.

"Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público", reza la Declaración de prensa Chapultepec, recordaron los dirigentes de la SIP.