Expresidente de Guatemala con "comodidades" en prisión

Un juez de Guatemala autorizó el ingreso de varios electrodomésticos, incluido un microondas o mini estufa eléctrica, para el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), en prisión preventiva desde el pasado 3 de septiembre por su supuesta implicación en un caso de corrupción.

Según la orden, firmada por el juez Miguel Ángel Gálvez el 4 de diciembre y divulgada este martes por los medios de comunicación locales, se autoriza que los aparatos entren en la celda de Pérez Molina, ubicada en el Cuartel Militar Mariscal Zavala.

La autorización le permite al exmandatario ingresar "una mini estufa eléctrica y/o microondas, así como enseres de cocina, una mini refrigeradora, una mesa y un dispensor de agua".

Esta decisión se produce después de que la defensa del general retirado manifestara que el Sistema Penitenciario "no cumple con lo regulado en el artículo 94 de la Ley del Régimen Penitenciario", para que el privado de libertad pueda ingerir sus alimentos calientes.

El expresidente se encuentra en un espacio especialmente habilitado por el cuartel militar.

No obstante, Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo "B", expresó que su judicatura entiende "la situación que podría provocar en el Centro de Detención", por lo que "si existiere otra opción para cumplir con lo respectivo a la alimentación del sindicado, como estipula la ley, este órgano jurisdiccional no ve ningún inconveniente".

El exmilitar retirado dimitió como presidente el pasado 3 de septiembre y posteriormente, ese mismo día, un juez lo envió a prisión por su supuesta implicación en una millonaria red de corrupción en el ente recaudador de impuestos.

El exmandatario, quien tomó posesión en enero de 2012 por un período de cuatro años, es acusado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de liderar la estructura "La Línea" junto a su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión.

Los dos están acusados de liderar la organización y se les imputan los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

De acuerdo a la investigación de ambas entidades, la red operaba en la Superintendencia de Administración de Impuestos (SAT) con la complicidad de al menos 49 personas, y se apoderó del pago de impuestos de más de 1.500 contenedores de productos importados entre 2014 y 2015.

Según las investigaciones preliminares, la estructura pudo haber defraudado unos 28,55 millones de quetzales (unos 3,7 millones de dólares) y de lo sobornado, el 50 % fue para Pérez Molina y Baldetti.

Debido a esta situación, Gálvez recordó además que Pérez Molina "debe estar aislado", por lo que solicitó "que no sea recluido con otras personas, por cuestiones de seguridad".