El Salvador elimina castigo con cárcel por difusión de mensajes de pandillas
San Salvador, El Salvador/El Congreso de El Salvador derogó una polémica norma, aprobada en abril de 2022, que castigaba con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en los medios de comunicación.
El plenario derogó el miércoles en la noche esta norma fuertemente criticada por los gremios de la prensa, que fue dictada a pedido del presidente Nayib Bukele días después de que se aprobara un régimen de excepción para combatir a las pandillas.
"Se hizo [la derogación] porque la situación en cuanto a seguridad en el país ha cambiado", explicó a la AFP el diputado oficialista Walter Coto.
"Hay más de 70.000 pandilleros que guardan prisión, no tienen ninguna capacidad de ordenar acciones ilegales y que esos mensajes se difundan en medios de comunicación", agregó.
Esa ley establecía una pena de 10 a 15 años de prisión "a quienes por medio de uso de las tecnologías de la comunicación y la información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados" de las pandillas.
Los legisladores también derogaron otra norma que prohibía a los medios de comunicación la "reproducción y transmisión a la población en general de mensajes" de esos grupos criminales.
En su momento ambas normas fueron calificadas como una "mordaza" por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y organizaciones de derechos humanos, pero ninguna persona fue condenada en virtud de ellas.
"Es bueno que se reconozca la necesidad de la libertad de prensa. No es adecuado desde ningún punto de vista tener la amenaza de prisión en el caso de la prensa", declaró a la AFP el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
En respuesta a una escalada de la violencia atribuida a las pandillas que dejó 87 muertos en un fin de semana de marzo de 2022, Bukele declaró una "guerra" contra esas bandas, al amparo de un régimen de excepción aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista.
El régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial y más de 73.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Sin embargo, los métodos de Bukele han sido cuestionados por organismos de derechos humanos.