Quince países de la OEA piden que la Unión Europea revise lista negra donde está Panamá

Quince miembros de la OEA quieren que la Unión Europea revise su plan de incluir países centroamericanos y caribeños en su lista negra de blanqueo de capitales, alegando sufrir "la peor crisis sanitaria y económica" por la pandemia, según un documento publicado el martes.

El grupo de países presentará una declaración "en solidaridad" con los afectados por el planteo de la UE el miércoles, durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó el organismo.

La Comisión Europea, que tiene iniciativa legislativa, presentó el 7 de mayo su nueva metodología para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en la que propone incluir en su lista negra a Bahamas, Barbados, Jamaica, Nicaragua y Panamá.

La declaración que será presentada el miércoles indica que integrar esos listados supone "efectos adversos" a las economías de estos países, entre otros la imposibilidad de acceder a recursos financieros.

Y agrega que ante los desafíos que impone la crisis sanitaria y económica por la covid-19, las naciones no tienen los medios para mostrar avances en esta lucha, con la cual no obstante reiteran su compromiso de luchar contra el blanqueo de capitales.

"Apelamos al sentido de solidaridad y de cooperación que siempre ha inspirado a los Estados miembros de la Unión Europea, para que evalúen esta decisión en el contexto actual de la pandemia que sufrimos", señala el texto, al pedir "respetuosamente" al Consejo y al Parlamento de la UE "que objeten esta lista".

Para ser considerada una declaración de la OEA, la iniciativa debe ser aprobada por 18 de los 34 miembros activos del bloque regional.

Los quince países que firman la declaración son Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Domninicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad Tobago.

Los países europeos, reunidos en el Consejo de la UE y la Eurocámara, deben pronunciarse en las próximas semanas sobre la propuesta de la Comisión