La Procuraduría de Defensa de DD.HH. de Nicaragua respalda al Gobierno de Ortega
La estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua respaldó hoy al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por sus acciones frente a la crisis sangrienta que vive el país, informó hoy el Gobierno.
"La institución muestra satisfacción y reconocimiento al Gobierno de (...) Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes de manera ejemplar, paradigmática e histórica, han ejecutado una serie de acciones (...) comprometidos con la promoción, defensa y restitución de los derechos humanos de los nicaragüenses", dijo la procuradora Corina Centeno, a través de medios gubernamentales.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer jueves el inicio del proceso de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, debido a la "falta de democracia" y de respeto por los derechos humanos.
El anuncio de Almagro se dio durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de Nicaragua que señala al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes "de lesa humanidad".
Según el informe, 109 personas murieron como consecuencia de respuestas violentas de las fuerzas gubernamentales a manifestaciones populares contra Ortega entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasados, como parte de una crisis que ha dejado al menos 325 muertos, centenares de presos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, de acuerdo con la CIDH.
En un informe que contradice lo que elaboró el GIEI, la PDDH culpó a los manifestantes por los hechos violentos, y sostuvo que "el gobierno está comprometido con el pueblo de Nicaragua, garantizando todos los derechos humanos". Pero la PDDH también discrepó con el Gobierno, al reconocer que la crisis ha cobrado 198 víctimas mortales, una menos que las 199 reconocidas por el Ejecutivo.
Adicionalmente la PDDH resaltó que "no existe evidencia alguna de tortura, malos tratos y lesiones" en las cárceles de Nicaragua, contrario a las evidencias presentadas por las víctimas y las denuncias de los presos.
La PDDH respaldó la versión de Ortega, de que la crisis fue superada y se trató de un "intento fallido de golpe de Estado", lo que ha sido rechazado por los miembros de la CIDH que presenciaron los hechos.
Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron en abril, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.