El presidente de Guatemala apoya el 'Estado de sitio' para imponer seguridad

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, volvió a defender este viernes las declaratorias de "Estado de sitio" emitidas por su Gobierno para poder imponer seguridad en los municipios afectados, más de una veintena en todo el país.

"Yo creo que va a haber algún sector que se va a ver afectado. Sin embargo, las demás comunidades y las demás personas están muy contentas de que se esté imponiendo seguridad y gobernabilidad, que no había", aseguró el mandatario a la prensa durante la apertura de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano.

Después de esta actividad, que tuvo lugar en el departamento de Alta Verapaz, el mandatario fue cuestionado por la prensa sobre su opinión por la oposición que el sector hotelero ha manifestado en contra de esta decisión del Gobierno y defendió que es importante llevar seguridad a esas áreas, lo que también mejorará el turismo.

Jimmy Morales, respaldado por su Gabinete de ministros, declaró una prórroga de 30 días del "Estado de sitio" en 22 municipios del noreste del país para combatir una supuesta proliferación del narcotráfico, una medida que instauró a principios de septiembre después de que tres militares fueran asesinados en una emboscada.

También declaró esta misma emergencia en dos municipios del departamento de Sololá, por un período similar, para supuestamente solventar un conflicto territorial añejo que el pasado mes terminó en una trifulca con varios heridos entre los dos pueblos.

El mandatario, que resumió los "resultados" de los operativos realizados en los 22 municipios del noreste del país combatir el narcotráfico, dijo que el objetivo es "llegar a finalizar lo que se inició", como la destrucción de las pistas de aterrizaje "clandestinas".

"También hemos escuchado que ya muchos (...) están yéndose a Belice y a México. Eso significa que el trabajo que se está haciendo en este "Estado de sitio" está dando resultados", proclamó, y agregó que en los dos nuevos municipios se busca una solución "dialogada".

El Congreso debe aprobar en tercer debate, por artículos y redacción final, las dos declaratorias y está previsto que se celebre una sesión plenaria este viernes.

El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades "terroristas, sediciosas o de rebelión" que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves "pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado".

También cuando se registran o se tengan "indicios fundados" de que se van a producir "actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva".

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar "el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia".

Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, "intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento" cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios "preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados" cualquier acción.

Además, restringe derechos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a la reunión o la portación de armas, entre otros.