Partido de presidente Arévalo denuncia penalmente a tres fiscales en Guatemala
El partido gobernante de Guatemala denunció penalmente este viernes a tres fiscales que han encabezado la persecución en su contra y del propio mandatario, Bernardo Arévalo, una cruzada que puso en riesgo la transición presidencial.
La denuncia fue interpuesta en un juzgado penal de la capital por el líder de la suspendida bancada del partido Semilla, el diputado Samuel Pérez, contra los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales.
Los tres funcionarios fueron acusados de "los delitos de sedición, usurpación de funciones por abuso de autoridad y revelación de información confidencial", dijo Pérez, quien tomó juramento a Arévalo cuando asumió el poder el pasado 14 de enero.
"Hemos visto que este grupo de personas han encabezado un intento de golpe de Estado con sus acciones, han intentado desconocer el resultado electoral que fue expresado de manera libre y democrática por el pueblo de Guatemala", agregó.
Estos tres fiscales, sancionados por corrupción por Estados Unidos, "emprendieron una embestida en contra de la institucionalidad democrática del país y estos crímenes no pueden quedar impunes", dijo el legislador.
El 29 de febrero, el gobierno de Arévalo también denunció penalmente por "incumplimiento de deberes" a la cuestionada jefe de la fiscalía, Consuelo Porras, con el objetivo de que la justicia le quite la inmunidad para separarla del cargo. El mandatario carece de esa facultad.
Arévalo ganó el año pasado ampliamente las elecciones con la promesa de combatir la corrupción en el país, lo que encendió las alarmas de la clase político-empresarial en Guatemala.
La comunidad internacional atribuye a este temor los esfuerzos de la fiscalía para tratar de sacar del camino a Arévalo con polémicas investigaciones contra él y su partido.
Semilla fue inhabilitado por la justicia por pedido de la fiscalía, acciones que fueron calificadas por Arévalo como un intento de "golpe de Estado" para evitar la transición presidencial.
Porras está sancionada desde 2021 por Estados Unidos, que la considera "corrupta" y "antidemocrática". La Unión Europea también la sancionó el pasado 2 de febrero.
Washington y la Unión Europea la señalan de "socavar la democracia" por sus polémicas investigaciones y decisiones, entre ellas una en la que consideraba "nulas" las elecciones de 2023 ganadas por Arévalo.