Ortega escala el clima de represión hacia la prensa en Nicaragua, afirma la SIP

La presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez (izq), y la jefa de prensa del canal de televisión 100 % Noticias, Lucía Pineda Ubau (dcha), ofrecen este miércoles una rueda de prensa, en Managua (Nicaragua). / EFE
Efe
12 2019 - 15:22

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, "ha escalado el clima de represión" contra la prensa independiente, pese a la reciente liberación de tres periodistas arrestados por informar sobre la crisis del país, informó este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La SIP llegó a esa conclusión durante una visita de tres días en Nicaragua para conocer la situación de la libertad de expresión y de prensa en este país, que vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018.

"Deploramos que, de manera incesante, el Gobierno de Ortega ha escalado un clima de represión y hostigamiento contra la prensa independiente del país, lo que incluye acusaciones injustificadas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos de periodistas", señaló la SIP, en las conclusiones de un informe leído en Managua por su presidenta, María Elvira Domínguez.

La SIP presentó su informe en la casa del periodista Miguel Mora, dueño del canal de televisión 100 % Noticias, y en presencia de su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, quienes fueron liberados ayer luego de permanecer 6 meses en prisión, aparentemente por tener una agenda informativa diferente a la del Gobierno de Ortega.

"Expresamos nuestra alarma por el persistente deterioro de las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua, tal como lo venimos registrando desde 2007 (cuando Ortega volvió al poder), situación que se agravó a partir de la crisis política y social desatada en abril de 2018", destacó la SIP, en su tercera visita a Nicaragua desde el levantamiento popular contra Ortega.

En sus conclusiones, la SIP indicó que la liberación de Mora y Pineda, así como el periodista Marlon Powell Sánchez, "fue un éxito de la movilización cívica" y no de la controvertida Ley de Amnistía recién aprobada, por lo que exhortó "a la sociedad nicaragüense a que siga respaldando a su prensa independiente".

La SIP recordó que los riesgos de informar en Nicaragua ha provocado que más de 70 periodistas hayan salido al exilio "por no tener garantías para el ejercicio de su oficio y proteger su integridad física y la de sus familias".

"Parece estar a la vista un intento oficial de ahogar a toda expresión de prensa independiente, lo que históricamente supone un síntoma de un régimen autoritario", sostuvo la SIP.

El organismo regional exigió al Gobierno de Ortega "revertir los embates contra medios de comunicación", retirando sus fuerzas de los medios intervenidos, devolviendo las propiedades y materiales a las empresas periodísticas y permitiéndoles "operar con normalidad y con garantías de que los actos de brutal censura oficial no se repetirán".

También abogó por hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, procesar "a los verdaderos responsables del asesinato" del periodista Ángel Gahona, e invitó al Gobierno "que comience su camino hacia el respeto de las libertades de prensa y expresión, y de los derechos de reunión, asociación y de protesta".

De la misma manera convocó "a la comunidad internacional para que continúe vigilante sobre la crisis institucional y sociopolítica" en Nicaragua. Durante la presentación del informe, los periodistas Mora y Pineda agradecieron a la SIP por la solidaridad y preocupación demostrada mientras estuvieron en la cárcel.

La SIP envió una delegación a Managua en agosto de 2018 y otra a Washington en marzo de este año para realzar el tema de Nicaragua ante organismos internacionales, instituciones de derechos humanos y ante oficinas del gobierno de Estados Unidos.

En octubre pasado Mora recibió en Argentina, a nombre del periodismo independiente de Nicaragua, el Gran Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la libertad de Prensa.

Nicaragua atraviesa una crisis que ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos humanitarios locales cuentan hasta 594, y el Gobierno reconoce 199.

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