Oposición nicaragüense anticipa fraude en elecciones y critica ausencia de la OEA

La oposición nicaragüense denunció este miércoles la ausencia de garantías electorales para los comicios municipales de noviembre y criticó la ausencia de una misión de observación de la OEA en la organización del proceso.

A tres meses de las elecciones, "no existe ningún cambio que apunte a garantizar el respeto al voto ciudadano", porque el gobernante Frente Sandinista (FSLN) "ha consolidado el control absoluto sobre las estructuras electorales", indica un informe del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), presentado en Managua.

El FAD está integrado por miembros de la disidencia sandinista y de la derecha liberal.

En el informe, leído en rueda de prensa por el dirigente Eliseo Núñez, los opositores consideran que "el fraude ya está construido y es impensable una votación limpia", y que todo está arreglado "para manipular cualquier resultado adverso".

Nicaragua celebrará el 5 de noviembre elecciones en sus 153 municipios, en los que participarán una alianza de izquierda del FSLN y grupos derechistas minoritarios que la FAD define como "colaboracionistas" del oficialismo.

Según la FAD, el Frente Sandinista controla el Consejo Supremo Electoral y los centros departamentales y municipales organizados para las elecciones.

A eso se suma "la falta de una amplia observación internacional" en el proceso electoral, dice el informe.

El gobierno de Daniel Ortega acordó en febrero pasado con la OEA iniciar un proceso de fortalecimiento institucional de tres años para mejorar el sistema electoral.

Aceptó, además, permitir que una misión de la OEA observara el proceso tres meses antes de las votaciones, pero esto no se ha concretado.

Los acuerdos fueron pactados a raíz de los cuestionamientos que rodearon las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega obtuvo su tercer mandato sucesivo sin una oposición fuerte y sin observación independiente.

Las críticas motivaron a un grupo de legisladores norteamericanos a impulsar un paquete de sanciones económicas contra Nicaragua, conocida como Nica Act, que podría ser aprobada este año si el país no mejora su sistema democrático.